La diputada provincial, Lionella Cattalini, presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura de la Nación solicitando que se avance en el tratamiento del expediente que investiga al juez federal Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N.º 1 de Rosario.

En la presentación, la legisladora amplió la información y aportó nuevos elementos que -según explicó-, “refuerzan la necesidad de una actuación urgente por parte del Consejo, para garantizar la transparencia y la credibilidad del Poder Judicial”.

Entre las cosas que acerca al expediente, Cattalini destacó, por un lado, una investigación penal sobre una operación financiera de diez millones de dólares presuntamente autorizada por Salmain en favor de una empresa vinculada al empresario Fernando Whpei, quien habría declarado que el magistrado se quedó con un porcentaje de la operación.
Por otro, declaraciones que lo vinculan con pedidos de dinero a cambio de decisiones judiciales y denuncias por acoso y persecución laboral contra empleados de su juzgado.

Para la legisladora socialista, los antecedentes y los nuevos hechos que fueron saliendo a la luz revelan un patrón de conducta incompatible con el ejercicio de la función judicial. 

“Insto a la jueza Alejandra Provítola, quien está a cargo de la acusación en el Consejo de la Magistratura, a que avance con la celeridad y la seriedad que el caso requiere. La sociedad necesita volver a confiar en las instituciones, y eso exige que el Consejo actúe con responsabilidad y sin dilaciones”, agregó.

UN POCO DE HISTORIA

Salmain está bajo investigación desde julio pasado, cuando se descubrió que omitió declarar en el currículum con el que concursó como juez, un antecedente de cesantía, dispuesto hace dos décadas cuando fue separado de la Justicia Federal porteña por un intento de soborno. A raíz de ello, se inició un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura.

En agosto de este año, Cattalini solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una copia de los antecedentes presentados por Salmain para concursar en 2022, así como la resolución de cesantía que omitió consignar en su declaración jurada, y luego elevó esa documentación al Consejo de la Magistratura.

 “La omisión de antecedentes de esta naturaleza reviste una gravedad institucional. Ocultar información en una declaración jurada impide que tanto el Consejo de la Magistratura como el Senado —órganos responsables de evaluar y designar magistrados— puedan realizar los controles y las impugnaciones correspondientes”, subrayó la diputada.

 “Cada día que pasa sin respuestas afecta la credibilidad del sistema judicial. Es momento de actuar con decisión para que la Justicia vuelva a estar a la altura de lo que la sociedad espera”, concluyó.