El fiscal federal Franco Picardi le pidió al juez Sebastián Casanello que abra la investigación que promovió a Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez.

La investigación apunta a determinar si el incremento tarifario de gas implicó un fraude al Estado o bien pago de sobornos a funcionarios públicos para que dieran el aval en los aumentos.

Según fuentes judiciales, los fiscales de la PIA habían hecho el año pasado una presentación para analizar si pudieron haber existido delitos vinculados negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho a raíz del aumento en las tarifas de gas.

La orientación de la investigación penal surgió de notas periodísticas que señalaban que socios y amigos de Macri habían comprado empresas de electricidad y gas, y apuntaron a Nicolás Caputo, a través de la firma Central Puerto; y a Jhon Lewis y Marcelo Mindlin, por acciones de Petrobras.

Según la PIA, el incremento tarifario de por sí implicó una mejora en la ecuación económica para los titulares y accionistas de las empresas del rubro.

Los investigadores de la Procuraduría también mantuvieron sospechas porque ese aumento se hizo sin que mediara una audiencia pública, lo cual -sostuvieron- no fue un simple “error técnico”.

El tarifazo, de todas maneras, fue frenado por orden de la Corte Suprema de Justicia, que obligó al Gobierno a llevar adelante las audiencias públicas para escuchar las voces que se oponían al aumento de tarifas.