El diputado socialista Rubén Galassi, autor del proyecto de ley de alquileres, reveló que hay consenso para que la iniciativa obtenga despacho favorable en la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de la provincia y luego media sanción en el recinto, en el término de 60 días. “Es una ley que regula y transparenta el mercado inmobiliario, que está a favor de los inquilinos y no va en contra de las inmobiliarias y los propietarios”, sostuvo el legislador. 

La iniciativa presentada en abril por Galassi, jefe del bloque de diputados provinciales del Partido Socialista, se encuentra actualmente en la comisión presidida por la legisladora Patricia Chialvo (PJ). “Ya fueron consultados distintos actores vinculados con la temática y hay consenso. El proyecto de ley es diferente en algunas cuestiones importantes al de Buenos Aires, porque establece por ejemplo un tope a las comisiones del 4 por ciento del valor del contrato, que para una intermediación creemos es más que suficiente”, reveló Galassi.

“Las comisiones deben tener un tope razonable y ser abonadas en partes iguales por el inquilino y el propietario ya que hoy todos los costos recaen sobre el eslabón más débil, que es el inquilino”, continuó el legislador. “Cuando el contrato se renueve entre las mismas partes y lo único que se modifique sea el costo, generalmente por una cuestión inflacionaria, es decir que se da una renovación automática que no implica ningún trabajo extra del intermediador, proponemos que la comisión sea del 50 por ciento y también se pague en partes iguales”, amplió. 

Galassi enumeró otros puntos de la propuesta. “Planteamos que el Estado resigne recursos para abaratar los costos de los alquileres: que no paguen impuesto de sellos los locatarios de un inmueble con destino a vivienda que perciban tres jubilaciones o pensiones mínimas y aquellos cuyos ingresos familiares no superen tres sueldos básicos de empleados de comercio. En un contrato tipo el impuesto de sellos suele estar entre 1.500 y dos mil pesos, que siempre se paga cuando se firma el contrato y también lo hace el inquilino”, apuntó el diputado del PS, y subrayó: “El Estado resigna recursos y le permite ahorrar al inquilino”. 

Se prevé también la creación de un registro de alquileres que funcione en la órbita de la Secretaría de Estado de Hábitat de la provincia, lo que permitirá tener un seguimiento de quiénes son inquilinos estructurales, no personas o familias que alquilan circunstancialmente porque se mudan de ciudad por ejemplo sino locadores durante años con necesidad de acceder a un techo propio. “Se podrá así determinar políticas que vayan a la cuestión de fondo, que es la falta de vivienda”, destacó Galassi. Otra novedad es que se creará dentro de la Defensoría del Pueblo un organismo específico para la defensa del inquilino y del hábitat.

Además la ley habilita al Poder Ejecutivo a instrumentar mecanismos para ofrecer garantías que sean accesibles al inquilino y a su vez al propietario le garanticen un cuidado de su casa. Por ejemplo, los inmuebles que se presenten como garantía podrán estar ubicados en cualquier localidad de la provincia, no necesariamente donde está emplazada la propiedad a alquilar.

“Se trata de una ley razonable, que favorece al eslabón más débil -el inquilino- pero no va contra las inmobiliarias ni contra los propietarios; que va a aportar transparencia al mercado y ayudará a abaratar costos de los alquileres, sobre todo para quienes más lo necesitan”, insistió Galassi. “Esperamos que obtenga pronto despacho de la Comisión de Vivienda y luego pueda ser tratada en otras comisiones de la Cámara y en el recinto, para recibir media sanción en el término de 60 días dado que hay consenso”,  concluyó.