A pesar de la urgencia que, presuntamente tenía el tema, 39 días después, el 7 de febrero, el proyecto fue nuevamente presentado por la Cámara de Senadores, bajo el título de "Ley de Necesidad Pública" con un contenido muy similar al proyecto original.

Entre tanto hubo una ronda de diálogo del Gobierno con todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En los mismos, la mayoría de los partidos de la oposición manifestamos nuestra predisposición a reconsiderar el proyecto, para lo cual solicitábamos que la nueva ley se desglosara en varias iniciativas según los distintos temas y además que ingresara por la Cámara de Diputados. Ninguno de los pedidos fueron atendidos.

Casi un mes después de su ingreso, la Cámara de Senadores le dio media sanción, sólo con los votos del oficialismo. Fracasaron hasta ahí los intentos de senadores oficialistas y de la oposición de encontrar un acuerdo con el Gobierno que permitiera una votación unánime.

Considerando esos antecedentes y ratificando una vez más nuestra vocación de diálogo y predisposición favorable para buscar acuerdos que sean respetuosos de las distintas visiones políticas que caracterizan a esta Cámara, he tomado las siguientes decisiones:

1) Convocar a sesión de la Cámara para el día de mañana, cosa que no estaba prevista, con el objetivo de darle ingreso a la media sanción del Senado y habilitar su tratamiento, sin más demoras.

2) Convocar a la Comisión de Labor Parlamentaria para que sesione de manera permanente desde el jueves 12 en adelante, a los efectos de lograr un proyecto de consenso que contemple las posiciones de los distintos bloques, en el menor tiempo posible.

3) Proponer que se apruebe un pedido de preferencia para el tratamiento del proyecto en la próxima sesión, solicitando que el mismo se gire sólo a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, a los
efectos de darle un trámite expeditivo.

4) Convocar a todos los actores políticos de la provincia, del gobierno y de la oposición a evitar expresiones que condicionen el libre juego de la democracia, descalificaciones o agravios personales o políticos, que en nada contribuyen a generar ambientes propicios para el diálogo y el consenso.