La norma entró en vigencia el 11 de abril de este año y desde entonces tiene efecto sobre aquellos agentes públicos que “presuntamente” violen la cuarentena. Sin embargo, tal como se detalla en los fundamentos del proyecto, existe una liviandad en la interpretación que debe hacer el Poder Ejecutivo respecto de sus atribuciones y su posicionamiento como agente punitivo, soslayando las facultades del Poder Legislativo y el Judicial. “Es preocupante, el Ejecutivo a través de la redacción del Decreto da por cierta y probada la presunta “vulneración” del Código Penal (como hecho desconocido), a partir de una simple “constatación fehaciente” obtenida en ocasión de procedimientos de control o por otros medios y eso lo habilita para avanzar sobre atribuciones que son propias de esta Legislatura” manifestó Pullaro. Al respecto, el diputado Sergio “Checho” Basile, explicó que: “Estamos atravesando un momento social complejo y consideramos que el Estado debe ser un agente de contención y no de castigo. En este sentido, el decreto que firmó el gobernador, pone en jaque la continuidad y la estabilidad laboral de los trabajadores del sector público, ya que son pasibles de ser sumariados y consecuentemente, sancionados administrativamente, con fundamento en una presunta conducta infractora”. “Además –continuó el legislador- no tiene otro fin que el de poner a la administración central en el rol de ‘poder de policía’ y amedrentar el comportamiento de los trabajadores de la administración pública ‘por las dudas’ rompan con la cuarentena, dándole al Estado un rol que raya la extralimitación de sus poderes”. “El Decreto no sólo pone en riesgo garantías y derechos fundamentales de los trabajadores públicos provinciales, dejándolos expuesto a la discrecionalidad que el Ejecutivo pretende asumir, más allá de la razonabilidad que toda norma debe contener, sino que avasalla las atribuciones exclusivas de esta Legislatura, atribuyéndose facultades que no les son propias” expresó Pullaro por su parte.