Municipalidad y Provincia se reunieron en pos de analizar el decreto que permite al personal policial a retener motovehículos que circulen sin papeles en la ciudad. Durante el pasado fin de semana se secuestraron 83 vehículos, y se vivieron incidentes en la puerta del corralón municipal cuando se quisieron retirar las motocicletas.

A pesar de las casi tres horas de reunión, no hubo definición con relación al vacío existente en un punto clave del acuerdo: la cuestión del juzgamiento. Es que la policía solo realiza el acta de retención del motovehículo y no tiene la facultad de labrar una multa.

La situación generó polémica, desconcierto y hubo hasta manifestaciones frente al corralón municipal por parte de propietarios de motos, muchos de las cuales reconocían haber caído en infracción, pero denunciaban problemas para poder retirarla del lugar.

En este contexto, funcionarios de la municipalidad indicaron que, para retirar una moto secuestrada, los propietarios deberán presentar toda la documentación correspondiente y pagar la estadía del corralón municipal.

"El fin del decreto no es recaudatorio, sino que es atacar un problema de seguridad pública, como es el motovehículo. No por estigmatizar al motovehículo, sino porque tenemos un mapa del delito que nos dice que en el 70 por ciento de los casos se utilizar como medio de fuga", dijo el coordinador provincial de Seguridad Social, Facundo Bustos