La sentencia se dictó en el marco del juicio oral de la causa D4, iniciada en 2016 tras una denuncia presentada por el entonces ministro de Seguridad y actual gobernador, Maximiliano Pullaro, quien había recibido un sobre anónimo que advertía sobre una red de corrupción en el área de mantenimiento vehicular de la fuerza.

De acuerdo al fallo, Grau y Odriozola fueron considerados penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita en concurso real con defraudación agravada contra la administración pública.

Una causa de alto impacto institucional
El juicio, que comenzó a fines de mayo, expuso el entramado de facturación de reparaciones que no se realizaban y el cobro por repuestos nunca entregados, maniobras que generaron un importante perjuicio económico al erario público.

Durante las audiencias declararon más de 80 testigos, entre ellos el propio Pullaro, exfuncionarios policiales, mecánicos y peritos especializados. El fiscal Ezequiel Hernández había solicitado nueve años de prisión para los exjefes, a quienes consideró "figuras clave" de un esquema delictivo con responsabilidad jerárquica dentro de la fuerza.

La causa alcanzó a nueve personas condenadas, entre ellas cinco funcionarios policiales, de los cuales cuatro ya recibieron penas de cumplimiento efectivo.

Un fallo con derivaciones políticas
La resolución judicial marca un punto de inflexión en una de las investigaciones por corrupción más relevantes de los últimos años en la estructura policial santafesina. La denuncia inicial partió desde el propio Ejecutivo y derivó en un proceso con fuerte impacto en la opinión pública, tanto por la magnitud de los delitos como por la jerarquía de los implicados.

Desde el gobierno provincial no hubo declaraciones oficiales tras la lectura del fallo, aunque fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que la sentencia "ratifica la importancia de haber actuado con decisión política cuando surgieron las primeras sospechas".