El Instituto de Estudios Avanzados del Litoral (IEA Litoral) concretó la segunda jornada del ciclo de charlas “Pensar la Constitución”, que organiza junto a la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe, en la que juristas y expertos en legislación de nuestra provincia y otros países brindan sus aportes para pensar y construir de forma colectiva un texto constitucional moderno y que proteja integralmente a los santafesinos. Del encuentro participaron el senador Paco Garibaldi y el diputado Pablo Farías, ambos convencionales constituyentes electos.

En esta oportunidad fueron dos los conversatorios, en el primero se trató la cuestión ambiental y el cambio climático y el panel estuvo integrado por Carolina Isern, Lorena Bianchi, Tiago Fensterseifer (defensor Público del Estado de Sao Paulo, Brasil) y Gonzalo Sozzo (director Científico de IEA Litoral); en un segundo momento, Roberto Vicente y Ana Bonet expusieron sobre  la inclusión de tratados internacionales en la Carta Magna provincial. La coordinación estuvo a cago de Pedro Sánchez Izquierdo, secretario General de IEA Litoral.

Al respecto, el diputado Farías señaló que la jornada “tuvo muy buenas intervenciones en dos temas muy actuales y muy importantes. Por un lado, dentro del tema ambiental todo lo vinculado al cambio climático, específicamente, las acciones que los estados deben desarrollar para adaptar las ciudades, adaptar las políticas públicas a fenómenos que ya estamos viviendo, lamentablemente, debido a este cambio climático y también las obligaciones de los particulares ante esta misma problemática. Por otro lado, la incorporación de los tratados internacionales al texto constitucional provincial, así como están en el texto constitucional nacional”.

Asimismo, destacó que el ciclo organizado por IEA Litoral es “una muy buena iniciativa que nos está permitiendo, sobre todo a los que tenemos la responsabilidad de participar en la Convención Constituyente, de nutrirnos de opiniones de expertos” y resaltó el alto nivel de los especialistas convocados.

DISEÑO DE UNA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL CLIMÁTICA

Lorena Bianchi explicó que en el primer conversatorio se trataron “los núcleos claves que debería tener una cláusula climática en abstracto, para luego pensar cómo introducirla, conforme la ley de habilitación de la reforma, en la Constitución”.

“Creo que hay un acuerdo en que debe reconocerse el derecho a un clima estable, luego establecer una obligación del Estado” de desarrollar “políticas de adaptación y mitigación del cambio climático”, continuó y subrayó que “esto no puede hacerse sin una robusta participación ciudadana”. 

También manifestó que no se puede “dejar todo en manos del Estado, sino también debe haber una asunción de obligaciones por parte del sector empresario y de la ciudadanía en general, para poner en acción las medidas que son necesarias frente a los efectos negativos del cambio climático”.

Sobre el mismo eje, Carolina Isern agregó que existe “el compromiso de Argentina y de toda la región, ya en el año 2015, ratificando e incorporando nuestra normativa el acuerdo de París, y bajando a las constituciones provinciales, dado que el espíritu de ese acuerdo es que el compromiso sea de todos: la ciudadanía, el sector privado, el sector público, las asociaciones civiles. Somos todos los que tenemos que participar y el marco constitucional es importante para dar una regulación de una acción climática concreta a la provincia”.

INCORPORACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES

Uno de los expositores sobre este tema fue Roberto Vicente, quien indicó que durante la actividad se trabajó “desde distintos puntos, desde lo internacional, desde lo nacional y lo que significa dentro del federalismo en la provincia de Santa Fe, la importancia que tiene que los tratados internacionales también se inserten o se hable de ellos en la Constitución de la provincia”.

Para finalizar, Ana Bonet afirmó que “Santa Fe es responsable de cumplir estos tratados de cualquier manera, estén en su Constitución o no, porque forman parte del orden federal argentino”, “pero incorporarlos a la Constitución puede contribuir a dar un anclaje institucional que favorezca la operatividad, eso permitiría que los jueces, y cualquier actor del derecho, no tengan ninguna duda al momento de incorporarlos en sus documentos, en sus sentencias las resoluciones. Contribuiría a la operatividad y a la efectividad de los derechos en el territorio de la provincia”.