El Gobierno de la Provincia de Santa Fe supervisó este lunes el derribo de un nuevo búnker de venta de estupefacientes en la ciudad de Rosario. La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en calle Magaldi 8729 y constituye la número 58 en la ciudad de Rosario y la 97 realizada en todo el territorio provincial, desde la promulgación de la Ley de Microtráfico al inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El operativo fue coordinado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, junto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), y se enmarca en la estrategia integral para desarticular puntos de venta de droga al menudeo y reducir la violencia asociada a estas organizaciones criminales.

Durante la supervisión del procedimiento, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, subrayó los resultados del trabajo sostenido contra el microtráfico. “Es una política que está dando resultados concretos en la reducción de la violencia altamente lesiva que se vivía en las calles, en un contexto marcado por la sensación de impunidad”, afirmó.

En ese sentido, Santantino recordó que Rosario atravesó “los dos años más violentos de su historia reciente, en 2022 y 2023”, con una tasa de homicidios fuertemente asociada, por un lado, a deficiencias en el control del sistema penitenciario y, por otro, a la libertad de acción de organizaciones criminales en los barrios. “Esa situación se ha revertido de manera clara a partir del trabajo articulado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Poder Ejecutivo provincial”, remarcó.

Antecedentes

Por su parte, la fiscal Alejandra Raigal brindó precisiones sobre la investigación judicial que derivó en el derribo del inmueble. Explicó que el búnker pertenecía a varias personas que estaban siendo investigadas, dos de las cuales se encuentran actualmente detenidas con prisión preventiva. “La causa se inició a partir de numerosos llamados al 911 y de informes policiales. Tras los allanamientos, se secuestraron estupefacientes y se corroboró la existencia de un punto fijo de venta”, detalló.

La fiscal indicó además que el lugar funcionaba como puesto de venta desde marzo de este año y que estaba vinculado a distintos episodios de violencia armada. Entre ellos, mencionó un homicidio ocurrido tiempo atrás y otras situaciones de violencia altamente lesiva relacionadas con el uso de armas de fuego. Las personas detenidas están imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y presentan antecedentes por amenazas, tenencia de armas de guerra y, en uno de los casos, por un hecho de robo.

Desde el inicio de la actual gestión provincial, ya se concretaron 97 inactivaciones de puntos de venta de estupefacientes en distintas localidades de Santa Fe.

Estas intervenciones forman parte de la aplicación de la Ley de Microtráfico, aprobada por la Legislatura provincial a fines de 2023, que transfirió a los fiscales del MPA la competencia para investigar los delitos de narcomenudeo, anteriormente a cargo de la Justicia Federal.

La normativa permitió acelerar investigaciones, intervenir de manera más directa en los territorios y avanzar en el desmantelamiento de estructuras criminales que operaban a escala barrial, con impacto directo en los niveles de violencia urbana.