En el día de hoy, el ministro de defensa, Julio Martínez, radicó una denuncia luego de haber sido constatada la desaparición de millares de municiones de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. Al respecto, el responsable de esa cartera dijo que no se puede "permitir que el Estado sea una caja de provisión de armas para el delito".

Consultada sobre el hecho -y sobre las declaraciones del ministro-, Carolina Cóncaro, directora ejecutiva del Isled, especialista en desarme y fundadora de la Red Argentina para el Desarme,  dijo que "raro de pensarlo no es, no sé si es una afirmación tan liviana de hacer; lo que la Red Argentina para el Desarme y varias organizaciones venimos reclamando hace tiempo es que es imprescindible aumentar los controles para la fiscalización y persecución del delito en el tema armas."

A su vez, agregó sobre el caso de Fay Luis Beltrán: “es un delito que tiene componentes que nos permite pensar en un tránsito ilícito de armas de fuego como característica fundamental para el aseguro de otro tipo de delitos que son organizados.”

Cóncaro, dio intervención en su relato a la instalación de la idea de que un arma puede proveer seguridad en los ámbitos ciudadanos y comentó que es fuerte la presencia de oferta y demanda de armas sin importar la proveniencia. Al respecto que la realidad podría ser diferente si hubiera "autoridades de control nacionales y provinciales que deberían estar cumpliendo un rol mucho más activo." 

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