La semana que hoy culmina es una evidencia tan clara de eso como el reventón de un neumático en uno de los micros de Monticas a la hora de trazar la causa de la tragedia que enlutó a la provincia.

Los últimos días estuvieron cargados de decisiones contundentes, pero a la vez de incongruencias, falta de explicaciones y dudas. Tras el tremendo accidente de la empresa de colectivos conducida por los controversiales hermanos Derudder, los gobiernos de Santa Fe y la Nación determinaron la suspensión definitiva de los servicios dentro y fuera de la provincia. En ambos casos, las caducidades se basan en "deficiencias en la prestación, incumplimientos, uso de unidades no matriculadas y problemas de funcionamiento", entre otras irregularidades detectadas a lo largo del tiempo. En buena hora que el Estado se muestre terminante ante tamañas situaciones de peligro. Pero lo hizo tras el tristísimo hecho consumado que truncó trece vidas.

Para colmo, según la administración nacional, los responsables de la firma plantearon que "la empresa era inviable desde lo económico, que era insustentable". ¿Lo habrían dicho si no hubiera ocurrido el peor final?

Quienes hoy se rasgan las vestiduras y pretenden mostrarse activos con la aplicación de sanciones tras la fatalidad, no estuvieron a la altura de las circunstancias ante los miles de pedidos, quejas, denuncias y firmas diseminados a lo largo del tiempo a raíz del pésimo servicio de Monticas.

Para colmo, la provincia dijo que la compañía tuvo el año pasado 170 actas por incumplimientos en el servicio interurbano. El 60 por ciento por fallas en frecuencias y horarios y el resto por temas menores. El secretario de Transporte, Pablo Jukic, agregó que "hasta hace unos días no había elementos para retirarle la concesión" y que los temas vinculados a la mecánica pesada no eran chequeados por inspectores provinciales, sino a través de la RTO. Todo muy poco claro.

Tan vidrioso como la venta de pasajes interurbanos dentro del territorio provincial (incluso admitida en la página web de la Terminal de Omnibus) aprovechando sus líneas interprovinciales, algo expresamente prohibido luego de que se le quitara la concesión en Santa Fe.

Sin embargo, ningún funcionario del Ministerio de Infraestructura que conduce José León Garibay atendió el teléfono para explicar esa irregularidad. El mismo máximo responsable de la cartera que no hizo todavía ninguna referencia sobre el siniestro y evitó estar presente en las conferencias de prensa.

A propósito de contactos con los medios, eso fue lo que hizo la intendenta Mónica Fein apenas llegó de su viaje por Europa. En su primera aparición en la ciudad, se mostró ávida por explicar, en un desayuno con periodistas especialmente convocados, que estuvo fuera del país sólo cinco días hábiles, como marca la ley de municipalidades, y no dejó a la ciudad acéfala.

La fuerte polémica se originó a partir de las denuncias de varios concejales quienes dijeron que Fein no estuvo en el Palacio de los Leones desde el 17 al 28 de febrero, a diferencia de la información oficial que marcó que eso ocurrió del 20 al 24.

De todos modos, más allá de la discusión legalista sobre días más o menos (y en todo caso la obligación de delegar funciones a la presidenta del Concejo), habría que preguntarse por qué se llegó a este punto de dudas.

Cuando aún resuenan los ecos de un viaje oficial que la intendenta llevó a cabo con sus hijos en 2015 y que demandó pedidos de informes en el Palacio Vasallo, Fein chicaneó también con razón: "Sería bueno que los concejales expongan y den cuenta de sus viajes y sus ausencias".

Fuente LA CAPITAL Por Pablo Procopio