La medida se comunicó a través del decreto 573/2017, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia Germán Garavano.

La norma, que modifica la ley 24.660 de Ejecución Penal, fue sancionada por el Congreso Nacional el pasado 5 de julio. En primer lugar el proyecto fue tratado y aprobado en Diputados. Cuando pasó al Senado sufrió modificaciones, por lo que volvió a la cámara de origen.

De acuerdo con la ley, los condenados por delitos de homicidio agravado, delitos contra la integridad sexual, robo seguido de muerte, robo con armas de fuego, trata de personas, terrorismo, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura seguida de muerte y secuestro extorsivo deberán cumplir la pena completa en la cárcel.

Tampoco se les concederá la libertad condicional a los condenados por los artículos 5, 6 y 7 de la ley 23.737 de estupefacientes.

El texto original abarcaba también los delitos de homicidio simple y contrabando simple, pero fueron excluidos en la Cámara alta.

La modificación de la ley 24.660 cobró impulso tras el caso de Micaela García, la joven de 21 años que fue asesinada en Entre Ríos. El principal acusado es Sebastián Wagner, quien había sido condenado por violación y al momento del homicidio de Micaela gozaba del beneficio de la libertad condicional que le otorgó el juez Carlos Rossi.

En su momento, la ministra de Seguridad Patricia Bullirch se reunió con senadores y bregó por la aprobación de la ley: “Hoy, a la mitad de la condena los presos pueden pedir salidas transitorias y lo que pasaba es que muchos no vuelven y vuelven a delinquir. Con esta modificación a la Ley 24.660, lo que ocurrirá es que los condenados por delitos violentos no van a poder tener ese beneficio”.