NACIONALES
18 de septiembre de 2017
Comienza mañana el primer juicio por la utilización de agroquímicos en Entre Ríos
La causa se originó en diciembre de 2014 cuando un avión fumigó un campo cercano a una escuela de la localidad de Colonia Santa Anita, en Concepción del Uruguay, y afectó a alumnos y a una maestra.
El tribunal estará integrado por los jueces Fabián López Mora, Mariano Martínez y Mariela Emilce Rojas. "Estábamos en plena clase y escuchamos el ruido del avión. Salgo y el olor era muy fuerte. Llamo a la policía, y en 10 minutos había alumnos vomitando, tirados sobre los bancos con mareos, dolor de cabeza, ardor en los ojos", dijo Mariela Leiva, la directora de la escuela 44 República Argentina, de la localidad de Santa Anita, del departamento de Concepción del Uruguay.
La causa fue elevada a juicio el 4 de julio último, y allí se acusa al presidente de la empresa fumigadora de Villaguay Aero Litoral SA, Erminio Bernardo Rodríguez; al dueño del campo de arroz y maíz que contrató la fumigación, José Mario Honecker; y al piloto que manejaba la aeronave, César Martín Visconti por "lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa".
De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, el delito prevé una pena de seis meses a tres años de prisión. La directora y docente de la escuela rural mencionó que "mientras la ambulancia estaba en la puerta y el policía estaba subido a la caja de la camioneta haciendo señas desesperado, la avioneta seguía fumigando. Nunca paró. Nos fuimos y seguía".
Leiva detalló que todos los chicos que se encontraban en la escuela -de entre 5 y 10 años- sufrieron vómitos, náuseas, dolor en la boca del estómago, enrojecimiento de la vista y la lengua inflamada, con un gusto amargo permanente.
"No fuimos avisados de que iban a fumigar ni había ningún especialista supervisando, pero las fumigaciones son moneda corriente, la escuela está a 5 o 6 metros de los cultivos, y así hay más de 10 escuelas expuestas en la zona", comentó Leiva.
En un comunicado de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), gremio del cual Leiva es parte y colaboró junto con la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay en el proceso judicial, la docente expresó que tras la denuncia "la situación mejoró pero sigue habiendo fumigaciones sin control".
Respecto al juicio de mañana, indicó que "no hay nada para festejar, y espero que esto sea un hecho que siente un precedente importante respecto de las luchas ambientales".
El expediente judicial posee informes de profesionales policiales de Criminalística, del Servicio Meteorológico Nacional, del médico forense de Tribunales, y de la Municipalidad de Santa Anita, que se suman "a los presentados por la docente afectada y a los retenidos en el allanamiento a Aerolitoral S.A.", servicio encargado de dicha fumigación.
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