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31 de julio de 2018

Piden cuatro años y medio de prisión para Julio De Vido

La querella considera que el ex ministro de planificación “no adoptó ninguna medida” para poder evitar la tragedia ferroviaria que le costó la vida a 51 personas.

En el inicio del juicio contra Julio De Vido por la tragedia de Once, donde 51 personas perdieron la vida la mañana del 22 de febrero de 2012, un grupo de familiares de las víctimas pidió cuatro años y medio de prisión para el ex súper ministro K, además de que lo inhabiliten para ejercer cargos públicos.

El abogado Javier Moral consideró que el ex funcionario kirchnerista debía ser condenado como coautor del delito de administración fraudulenta y lo marcó como la “máxima autoridad” del Ministerio de Planificación en ese momento, por lo que “tenía pleno conocimiento del deplorable estado” de los trenes. Sin embargo, “no adoptó ninguna medida” que podría haber evitado la tragedia.

De Vido estaría afrontando su primera condena y querellante no se pidió que se lo acuse por “estrago culposo“, el otro delito por el que lo juzgan, ya que entendieron que de haber conducción imprudente solo pudo haber sido ejercida por Marcos Córdoba, el maquinista que conducía la formación que se estrelló en la estación de Once.

No obstante, Moral consideró que la “impericia conductiva” del maquinista no desliga a los funcionarios públicos de sus responsabilidades y la negligencia con la que actuaron al no haber hecho los ajustes pertinentes que podrían haber evitado la muerte de 51 personas. 

Según el abogado, la tragedia ferroviaria es producto de “dos fallas humanas“: una por parte del maquinista, “que no frenó” y la otra por parte de los funcionarios que con “desidia” se desentendieron de sus obligaciones a pesar de que estaban al tanto de que las formaciones estaban en un pésimo estado y eso era un riesgo inminente para los usuarios.

En la causa, De Vido es juzgado en conjunto con Gustavo Simeonoff, extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). En su caso, la querella pidió una condena de tres años por ser “coautor del delito de administración fraudulenta”.

Fuente: Mitre.

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