La resolución de la magistrada María Servini se elevó para que se sortee el tribunal que se encargará de llevar adelante el juicio oral en la causa conocida como “Fúltbol para Todos”. La misma comenzó en mayo de 2014 y estuvo radicada en el Juzgado N° 1 en lo Criminal y Correccional Federal, a cargo de María Romilda Servini, junto con el fiscal Eduardo Taiano. Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) determinó que desde agosto de 2009 a 2012, se detectó el uso de más de $170 millones sin rendir, sin contrapartida ni justificación, para contrataciones a empresas vinculadas al poder, a productoras como “El Farolito” (que era nueva en ese momento). Según la investigación, los recursos de todos los argentinos se aprovecharon para generar una enorme caja sin control y un enorme espacio de propaganda política que el Gobierno usó en el programa de transmisión del fútbol.

En junio de 2016, la jueza Servini procesó sin prisión preventiva a Aníbal Fernández, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina (finalmente sobreseído) , Luis Segura, Gabriel Mariotto, Pablo Paladino, Rafael Savino, Carlos Portel, José Lemme, Miguel Ángel Silva, Eduardo Spinosa (finalmente sobreseído) y Rubén Raposo. La jueza también declaró “extinguida” la acción penal contra Julio Humberto Grondona “por prescripción” en virtud de su muerte el 30 de julio de 2014.

En su resolución y elevación a juicio oral Servini afirmó: “A lo largo de la instrucción puedo afirmar que lo que en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró necesario adicionar a los originarios fines del programa Fútbol Para Todos más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos, por cuanto ha quedado demostrado en esta causa que buena porción de los fondos entregados por la Jefatura de Gabinete a la AFA fueron desviados a través de diferentes maniobras una vez que ingresaron a la misma“.

Según indicó Infobae, la magistrada resaltó que “el fortalecimiento económico de los clubes, determinado como propósito esencial del programa, no sólo no se verificó sino que, como lo ha explicado la veeduría actuante en la causa, es de público conocimiento y fue reflejado por la opinión pública más de una vez, y reconocido por todos, que sus respectivos pasivos se incrementaron sustancialmente, sin que en dicho marco siquiera se haya observado la cancelación de la deuda que los clubes mantienen con la AFIP“.

Para Servini, los procesados “conocían el daño al patrimonio del Estado destinado a esos clubes que les generaba en consecuencia a las arcas de los mismos esta operatoria“.

Fuente: Mitre.