A través de la Unidad de Información Financiera (UIF), dirigida por Mariano Federici, el Gobierno apeló la excarcelación de Amado Boudou que con voto dividido había resuelto el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4). La UIF solicitó a la Cámara de Casación Federal que el ex vicepresidente condenado por el caso Ciccone vuelva a prisión.

La semana pasada, las juezas María Gabriela López íñiguez -quien ya se había opuesto a su detención durante la condena del juicio por la imprenta- y Adriana Palliotti votaron a favor de la excarcelación de Boudou, quien estaba preso desde el 7 de agosto, cuando se lo condenó como responsable de cohecho y negociaciones incompatibles. El otro juez del TOF 4, Néstor Costabel, votó en rechazo de la excarcelación.

Ante esta resolución, y a días de que Boudou regresó a su casa en el barrio de Barracas con una tobillera electrónica, el Gobierno por intermedio de la UIF -querellante en la causa- fundó su apelación en cuatro argumentos.

En primer lugar, para el organismo antilavado no corresponde que el Tribunal se expida respecto del nuevo pedido de excarcelación ya que “actualmente se encuentra en trámite “ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el recurso de queja deducido por la defensa de Amado Boudou contra el rechazo del recurso extraordinario que interpuso esa parte ante la Cámara de Casación”.

La UIF entiende que, ante esa apelación presentada por la defensa del ex vice cuando fue detenido y sobre la cual debe expedirse la Corte, el Tribunal Oral perdió “la potestad de resolver respecto de ese punto en particular, sobre todo considerando que las aristas de ponderación tenidas en cuenta al momento de resolver no han variado”. Esta primera razón, entonces, es de índole procesal.

Por otro lado, el organismo antilavado coincidió con el voto disidente del juez Costabel, quien sostuvo que el planteo del fiscal ante el Tribunal Marcelo Colombo -el primero en pronunciarse a favor de la excarcelación-, “carece de una fundamentación autónoma y, por ende, esta circunstancia lo inhabilita como acto válido”.

Fuente: Clarín.