La Ley de Necesidad Pública le otorgó al Ejecutivo la posibilidad de tomar deuda por más de 30 mil millones de pesos, de los cuales alrededor de 10 mil millones serían destinados a los municipios y comunas; más de 8.000 millones se destinarían a tomar deuda para obra pública; y casi 6.000 millones de pesos a cancelaciones de deuda flotante entre otras medidas.

“Queremos saber con certeza si se consiguieron los fondos, si fueron o están siendo usados, y de qué manera” adelantó el autor de la normativa.

El pedido fue presentado por Sergio “Checho” Basile, diputado oriundo de La Capital, y está estructurado tal cual la ley original aprobada el 31 de marzo próximo pasado.

Dentro de los puntos a informar, se destaca el aspecto social y alimentario ya que se solicita conocer, entre otras cosas, si se recibió asistencia o cooperación por parte de organismos nacionales e internacionales y cuántos programas alimentarios y nutricionales se crearon para lograr la plena efectividad del derecho a la alimentación en niños, niñas y adolescentes, indicando si los mismos se aplican en comedores comunitarios y merenderos.

Asimismo, se insta a informar si se efectuaron las erogaciones correspondientes al crédito presupuestario por $2.500 millones para garantizar la efectiva aplicación del Programa de Emergencia Alimentaria, y en caso afirmativo, indicar cuáles fueron los montos de las mismas con una periodicidad mensual.

En materia de seguridad se pide detalles sobre las reparticiones correspondientes que deben realizarse para garantizar la efectiva aplicación de un Programa que contemple la construcción, obtención de maquinaria, equipos y financiamiento en proyectos que atiendan la problemática.

En cuanto a contrataciones públicas -uno de los puntos más controversiales de la normativa enviada por el Gobierno provincial- se solicita saber cuántos contratos públicos fueron renegociados hasta el momento, detallando nombre y las erogaciones pertinentes de cada uno; y si las licitaciones y concursos en trámite fueron suspendidas, indicando en caso afirmativo, si se prevé plazo para su posterior reanudación.

Al respecto el legislador expresó: “ya pasaron más de 110 días desde que la Legislatura sancionó la Ley de Necesidad Pública que el Ejecutivo pedía insistentemente para ‘poder gobernar’. El tiempo transcurrido es más que oportuno para conocer qué se ha puesto en marcha hasta el momento. Qué se hizo en relación a las amplias facultades que les fueron aprobadas; con qué criterios realiza las erogaciones pertinentes a cada programa que contempla la Ley de referencia; y bajo qué conceptos percibe montos asistenciales; todo lo referido a créditos presupuestarios, entre otras cuestiones”.

“Entendemos -continuó Basile- que el Ejecutivo Provincial contó en todo momento con las herramientas necesarias para hacer frente a la demanda financiera que estamos viviendo. Además, cuenta con instrumentos legales que jamás tuvo otro gobierno democrático para trabajar. Por ello, sabemos que tiene espalda financiera y recursos económicos disponibles. Tiene con qué gobernar”.

“Desde nuestro bloque consideramos que, más allá de los métodos de difamación y agravio que se utilizaron para quienes ponemos límites al manejo discrecional de los recursos, siempre estamos dispuestos al trabajo colectivo, pensando en la comunidad en un momento de mucha incertidumbre, pero aún así, sin olvidarnos que somos el órgano contralor al que el Ejecutivo Provincial debe informar y rendir cuentas de lo actuado y por actuar” concluyó el diputado.

Cabe destacar que el proyecto lleva la firma de los integrantes del Bloque UCR de la Cámara Baja: Maximiliano Pullaro, Marcelo González, Georgina Orciani, Jimena Senn, Marlen Espíndola, Silvia Ciancio, Silvana Di Stefano, Fabián Bastía y Juan Cruz Cándido.