La escena de familiares esperando en las puertas de un hospital provincial es cada vez más recurrente. Especialmente en el contexto de pandemia que atraviesa el país y particularmente nuestra provincia.
En este sentido, el diputado radical presentó una ley que tiene por objeto crear un Programa de Atención de Necesidades Básicas para familiares o acompañantes de pacientes internados en hospitales públicos en localidades diferentes de su residencia habitual.
En la iniciativa se aclara que se considerará con prioridad aquellos acompañantes de personas internadas con una patología severa, de alto riesgo, o con intervención próxima. Asimismo, se considera “asistencia” a la cobertura de servicios de alojamiento y alimentos, que serán de carácter personal e intransferible y limitada a los períodos asignados en el efector de salud.
Al respecto, el diputado Basile explicó que: “En un contexto socioeconómico delicado como el que estamos atravesando, el desplazamiento de un familiar hacia las ciudades donde están los nosocomios más grandes de la provincia, por razones de salud, puede resultar muy traumático, no solo desde el punto de vista emocional, sino por cuestiones de logística, economía y todo lo que conlleva esa situación particular”.
“Si encima se tiene en cuenta que muchas veces los traslados ocurren de forma repentina por alguna complicación en el cuadro del paciente, la familia no tiene el tiempo necesario para organizarse y adaptarse a ello. Inevitablemente emergen diferentes necesidades que pueden generar múltiples inconvenientes siendo aún más graves cuando se trata de grupos con alto grado de vulnerabilidad social” agregó el legislador.
“La permanencia de los familiares cerca de la persona internada y especialmente cerca de la institución donde se encuentra, es muy importante para seguir de cerca la recuperación y realizar, en caso de ser necesario, trámites que garanticen el correcto cuidado hospitalario del o la paciente” concluyó Basile.
Cabe destacar que la normativa propone como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social, facultándose al mismo a suscribir convenios con entidades intermedias y con proveedores de servicio de alojamiento y venta de productos alimenticios de cada localidad a donde se efectúen derivaciones.