“La situación del servicio penitenciario es grave” sentenciaron los integrantes del bloque UCR Evolución, Georgina Orciani, Marlen Espindola, Sergio “Checho” Basile y Juan Cruz “Cacu” Cándido, luego del encuentro que duró más de dos horas con el secretario de Asuntos Penitenciarios Walter Gálvez. El funcionario respondió preguntas de los legisladores que participan de la Comisión de Derechos y Garantías, que preside Lionela Cattalini (PS), y se refirió a situaciones puntuales que se dan en la órbita del servicio penitenciario. Entre los datos llamativos que dio el funcionario, se habló de “algunos reclusos de alto perfil que reciben comida por delivery con conocimiento de las autoridades penitenciarias” contaron los legisladores radicales.

Al finalizar el encuentro, Orciani dijo que agradecen “la predisposición del funcionario pero con eso no alcanza” y agregó que entienden que “no hay un plan que guie la gestión, no hay conducción ni del gobernador Perotti ni del ministro Lagna y la política penitenciaria no es una prioridad para la seguridad pública”.

Por su parte, Cándido afirmó que “La situación del servicio penitenciario es preocupante. No dimensionan la gravedad del descontrol que tienen dentro de las cárceles, en un contexto donde – reconocido por fiscales de Rosario - el 90% de los delitos se ordenan desde adentro. También hablan de más plazas penitenciarias cuando todavía no ocuparon las que dejamos listas cuando terminamos la gestión en 2019, y tampoco dejan en claro con qué personal cubrirán esas nuevas plazas porque los ingresos no alcanzan a cubrir las vacantes”.

Gálvez repasó algunos puntos de su gestión al frente del área y reconoció dificultades para avanzar en determinados puntos como por ejemplo la instalación de nuevos inhibidores de señal – uno de los principales focos de conflicto – donde explicó que en breve una delegación del INVAP a estudiar la factibilidad de la instalación.

“Seguimos con el presente continuos de anuncios que nunca se concretan. Los inhibidores de señal y la participación del INVAP es algo que ya nos habían anunciado el año pasado. Ahora vuelven a anunciarlo como algo que va a pasar, mientras tanto los presos siguen haciendo homeoffice y las extorsiones crecen en las principales ciudades de la provincia” coincidieron los legisladores.

Por último, manifestaron que “sumado al descontrol provincial, nos llama la atención la falta de coordinación con el Gobierno Nacional en relación a los detenidos por delitos federales alojados en Santa Fe” y explicaron que cuando preguntaron por la cárcel federal que debería inaugurarse en Diciembre en la localidad de Larrechea “Gálvez nos dijo que no tenia información. Con todo este panorama, la situación en el corto plazo es poco alentadora”.