Un estudio de la Fundación Apertura analizó la ejecución presupuestaria del Gobierno federal y halló que en 2021 a Santa Fe se le asignaron recursos por 980 pesos por habitante, mientras que en promedio todas las provincias recibieron a razón de $2800. Para el año 2022, la desigualdad fue la misma: Fueron $2224 para cada santafesino, frente al promedio de $8613 por habitante para el resto del país.

Concluye el informe que en 2022 la Bota percibió del Estado federal menos del 26% del promedio nacional. En 2021 había sido menos del 35%. Solo en cuanto a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el reparto de recursos fue equivalente a $9854 pesos por habitante. Y entre ambos acaparan buena parte de la población argentina.

“En nuestra provincia el 80% de las muertes violentas se generan alrededor del narcotráfico, que es un delito federal. Es decir que debe ser atendido por los jueces, fiscales y fuerzas federales”, marcó el informe de la fundación que preside Esteban Hernández. “Por eso es preciso ver si los recursos son poco o mucho, al mostrar objetivamente qué apoyo tiene nuestra provincia desde el Estado nacional en este problema concreto”, señaló el documento.

La participación de Santa Fe en el reparto federal de recursos en materia de seguridad fue el 0,91% sobre una torta global de $385 millones en ese año 2021. Y en 2022 apenas aumentó al 1,04%, al recibir $7910 millones sobre un total de $758,6 mil millones que fue el ejecutado de Nación en el área seguridad.

Si la ejecución del gasto del Ministerio de Seguridad se lo analiza por habitante, el distrito porteño se mantiene en lo más alto de la tabla: en 2022 recibió 49.350 pesos por cápita. Catamarca es la provincia que se ubica en segundo lugar con 25.344 pesos por habitante/año, Córdoba en el puesto 20º con $3.745, provincia de Buenos Aires en el 23º (penúltimo lugar) con $2.839, y cierra el ranking Santa Fe con solo $2.224.

En el informe que elaboró la Fundación Apertura se sostiene que "la ciudadanía, en general, no conoce que el proceso inflacionario termina distorsionando el presupuesto que se vota en el Congreso Nacional. Los presupuestos son estimaciones de recursos y autorizaciones para gastar, pero la inflación hace que el Ejecutivo deba vía decretos, reasignar partidas de gastos y de recursos. Pero este proceso de reasignación altera el espíritu con el que se vota el presupuesto, porque se generan provincias ganadoras y provincias perdedoras".