Es un hecho inocultable la proliferación de los cuidacoches en la mayoría de las calles del macrocentro, y en los principales atractores de nuestra ciudad como son los eventos masivos. También es una realidad, que no se puede desconocer, los malestares, las violencias/extorsiones y el acoso callejero hacia las mujeres, que se ejercen en muchas de las interacciones con los vecinos/as que se disponen a dejar su auto en alguno de los lugares que caen bajo la “jurisdicción ficta” de los cuidacoches.

Ante esta situación, la ciudad de Santa Fe sancionó la Ordenanza N° 12.635 en el año 2019. Actualmente no se aplica. ¿Por qué?, es la pregunta que deberíamos hacernos. Soy de los que creen que un cuerpo legislativo se valora no por la profusión de normas, sino por la calidad y aplicabilidad de las mismas. Esta norma posiblemente no haya sido la solución que requería la magnitud del problema.

Y es por ahí donde tiene que empezar todo diagnóstico que busque las soluciones reales: por calibrar bien el problema, sin caer en la tentación punitivista de las redes sociales y la pauta de medios. Nuestra sociedad implosiona día a día y las respuestas no llegan, porque equivocamos los canales de resolución.

En este sentido, es muy importante conocer el universo de cuidacoches de la ciudad de Santa Fe, caracterizar las situaciones personales en las múltiples dimensiones vitales. Cualquier abordaje que se pretenda hacer no puede eludir este primer paso.

Si abordamos con el rigor necesario, veremos que cualquier propuesta que se ofrezca como la panacea, es nada más y nada menos que una estafa. Como la Paz y el Orden. Por eso, estamos bien lejos de creer que las Taser en manos de la GSI son la solución, por muchas razones. La más material de todas: no se tiene la plata para dotar al cuerpo de agentes con este tipo de armas. Pero además, la GSI no puede portar armas (sean letales o no letales). Por otro lado, ¿a qué situaciones queremos exponer a los/as trabajadores municipales, que no cuentan con ninguna preparación para eso? Hay restricciones de base a considerar, que resultan inconcebibles e inaceptables en su desconocimiento por parte de un edil.

Y si discutimos la perspectiva, veremos que hay un número importante de cuidacoches que generan hechos violentos y padecen algún consumo problemático. Ergo, la perspectiva de consumos problemáticos se aborda con la Ley de Salud Mental que, por cierto, no impide la participación de las fuerzas de seguridad, en el momento y bajo estrictos protocolos. “Las fuerzas de seguridad deben asegurar la plena protección de la salud de las personas, facilitando las condiciones para la intervención inmediata de los servicios de salud, y de otros servicios sociales o agencias estatales”. Hace poco tiempo asistimos ante un hecho luctuoso en Barrio Guadalupe de un compañero muy querido, que puso en evidencia la brutalidad de las intervenciones de la Policía provincial ante este tipo de casos. Tampoco sabemos cuáles son las intervenciones del MPA.

¿Alguien realmente está imaginando la segregación de este sector de la población a fuerza de pistolas Taser? ¿Cuáles serían los límites? ¿El río Salado, la Laguna Setúbal? ¿Qué pasa con ese sector de la población creciente que llega en busca de ingresos al centro de la ciudad? ¿Son sólo vagos que quieren la fácil? ¿O tendrá algo que ver con los problemas estructurales de nuestra economía, como la informalidad laboral, la desocupación, la inflación, la torta que no se agranda hace años, entre otros?

En resumen, si cambiamos la perspectiva, luego podremos pensar en las distintas modalidades de formalización del trabajo y/o en alternativas laborales para quienes quieren generarse un ingreso de manera digna. Pero sin una mirada que aborde la complejidad del problema, que atienda a la escasez de recursos (el reclamo por aumentar los recursos, es parte de lo mismo), que reclame la necesidad de que los principales agentes estatales, de los dos niveles de gobierno, provincial y municipal, den una respuesta multiagencial, todo será un “como si”.

Por Guillermo Jerez.