La derogación de la ley de Alquileres oficializada por decreto a fines de diciembre por el presidente Javier Milei generó que los contratos de alquiler comenzaran a pactarse por plazos más cortos y con incrementos atados a la inflación, mientras los precios siguen en alza, según un relevamiento realizado por Inquilinos Agrupados.

La entrada en vigencia del DNU 70/2023 el pasado 29 de diciembre dejó sin efecto la ley de Alquileres, que regulaba los contratos de locación y que se mantiene únicamente para los contratos que se firmaron con anterioridad. Esto impulsó un fuerte aumento de la oferta de inmuebles que, en parelelo, estuvo acompañada por un incremento en los precios para alquilar.

Transcurrido un mes de la derogación, Inquilinos Agrupados relevó cómo cambiaron las condiciones de los contratos y las exigencias a la hora de acceder a una vivienda en alquiler.

Según la Encuesta Nacional Inquilina realizada en enero, los contratos de alquiler pactados durante el último mes son en su mayoría de corta extensión, con plazos de entre uno y dos años, en su mayoría con ajustes trimestrales o, en el mejor de los casos, cada seis meses.

El informe da cuenta que en enero de 2024 el 31,6% de los ingresos de los encuestados se destinó a pagar el alquiler y las expensas. En tanto, para aquellos contratos que se iniciaron después del 1° de noviembre de 2023, la incidencia del gasto de alquiler de la vivienda en el presupuesto del hogar es mayor y asciende a 41,6%.