Dicen que es casi improbable que el Estado despida a un empleado de su planta permanente, que la falta tiene que ser superlativa para que ello ocurra. Y en Santa Fe sucedió. 

El Ejecutivo cesanteó de manera definitiva a 11 empleados de la administración pública provincial, por el robo sistemático desde 2020 de unos 38 millones de pesos. Ese monto, actualizado al presente sería equivalente a unos $100 millones, según el subsecretario de Legal y Técnica, Juan Pablo Gutiérrez, al informar la situación.

Ahora esos ex trabajadores estatales quedan denunciados penalmente por asociación ilícita y malversación de fondos públicos.

Los cesanteados revistaban en el área administrativa del Hospital Iturraspe, de la capital provincial, por eso la ministra de Salud, Silvia Ciancio, fue parte del anuncio. 

“La operatoria utilizada por estos empleados se inició a partir de un porcentaje del recupero que se divide entre los trabajadores. Una vez que se hacían los controles pertinentes para saber a quiénes les correspondía ese monto, modificaban datos personales y de los CBU, lo cual provocaba que ese dinero no les llegara a quienes correspondía. Esta modalidad comenzó a partir de 2020”, explicó Gutiérrez.

Respecto de cómo prosigue el curso administrativo y legal del proceso, el funcionario aclaró que los involucrados en el delito “pueden recurrir el decreto firmado por el gobernador y la ministra, y se agota la vía administrativa. También pueden iniciar acciones legales y presentar los recursos que consideren necesarios; en este caso, la Provincia se defenderá en función de lo que ya fue probado en lo administrativo y penal, donde el Ministerio Público de la Acusación está siguiendo la causa. Además, estamos analizando si nos vamos a presentar como querellantes, tal cual lo hicieron  trabajadores a los que les correspondía ese dinero. Este fue un caso de asociación ilícita donde hubo malversación de fondos, porque se trata de recuperos de parte del Estado”, concluyó Gutiérrez.

El decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Ciancio fundamenta la decisión basándose en los artículos 50 inciso c), 53 incisos g) y h) y 58 de la Ley Nº 8525, que regula el funcionamiento de la administración pública (ver aparte).

En la oportunidad, Ciancio enfatizó que “quienes roban no pueden ser empleados del Estado. Desde el inicio de nuestra gestión tomamos este tema como prioritario y encontramos empleados del hospital Iturraspe que habían sido trasladados por la gestión de gobierno anterior, por lo cual, por medio de una resolución decidimos que estos agentes debían ser suspendidos e investigados. Transcurridos seis meses tomamos la decisión de que 11 involucrados sean cesanteados”, explicó la ministra al tiempo que aclaró que “durante el transcurso de la investigación no han percibido sus haberes”.