En una audiencia que se llevó a cabo en la mañana de este miércoles en los Tribunales federales, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz admitió la aplicación de la “Ley Antimafia” en la ciudad de Rosario. La medida tiene por objetivo desalentar el crimen organizado a partir de un endurecimiento en las penas. Al mismo tiempo, habilita a la Justicia federal y a las fuerzas de seguridad a tener mayores herramientas para la investigar a las bandas.

La resolución tuvo lugar tras el pedido del Ministerio de Seguridad Nacional y los fiscales de la Procunar, quienes consideraron que la normativa constituye “un paso fundamental para ir a fondo contra las organizaciones criminales” de Rosario.

A través de la aplicación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como “Ley Antimafia”, se establecen mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado. En otras palabras, permite el abordaje integral del crimen organizado y se aplicará en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.

Una de las principales modificaciones es que se contempla una condena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito. 

En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.

La ley prevé que, cuando se trata de una investigación conjunta de varios distritos, “la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta”.