El faltante de chapas patente se ha convertido en un nuevo dolor de cabeza para miles de ciudadanos en todo el país que, a pesar de cumplir con todos los trámites legales, no pueden circular normalmente con sus vehículos.

 Frente a esta situación, la diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el que exige explicaciones concretas sobre las demoras y complicaciones generadas por la falta de provisión.

“El Estado no puede seguir fallando en cuestiones básicas que afectan la vida cotidiana de los argentinos. Es inadmisible que quienes hacen las cosas bien terminen perjudicados por la ineficiencia del Gobierno”, sostuvo Campagnoli en su presentación, al amparo de la Ley 27.275 que garantiza el derecho ciudadano a acceder a información pública.

El pedido apunta a conocer con detalle los motivos detrás del problema, los plazos previstos para su resolución, la cantidad de dominios provisorios actualmente vigentes y el estado del proceso de licitación que derivó en la adjudicación del servicio a la empresa Tönnjes Sudamericana S.A. La legisladora también solicita información sobre los proveedores anteriores y las razones por las cuales dejaron de operar.

Campagnoli cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno, recordando que desde el Ministerio de Justicia se había prometido en mayo la normalización del sistema. “Ese plazo venció hace tiempo y el problema continúa. Queremos saber por qué no se cumplió con ese compromiso y qué medidas se están tomando para resolverlo”, remarcó.

La preocupación de la diputada fue acompañada por otros legisladores que coinciden en que se trata de una muestra más de la desorganización en áreas clave del funcionamiento estatal. Según indicaron, el faltante de patentes no solo genera demoras en la entrega de vehículos, sino que también expone a miles de personas a sanciones por circular sin la documentación definitiva, a pesar de haber cumplido con todas las obligaciones legales.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la ley y facilitar la vida de quienes la respetan. No puede ser que una gestión ineficiente genere consecuencias negativas para los ciudadanos”, concluyó Campagnoli.