La Empresa Provincial de la Energía (EPE) de Santa Fe detectó más de 15 mil casos de usuarios que accedían de forma irregular al beneficio de la tarifa social, un subsidio destinado a familias de bajos recursos.

La presidenta del organismo, Anahí Rodríguez, confirmó este martes que todos fueron dados de baja y que, además, la empresa denunciará penalmente cada uno de los casos ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

“Hemos cortado el beneficio de la tarifa social y tomado la decisión de denunciar cada irregularidad, sean usuarios formales o informales, frente al MPA”, expresó Rodríguez en declaraciones radiales. Explicó que el área jurídica de la empresa trabaja de forma articulada para avanzar con las presentaciones judiciales.

Desde la conducción de la EPE, designada con la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro, sostienen que no habrá tolerancia ante el uso indebido de fondos públicos: “No vamos a vacilar en las decisiones y procesos administrativos o judiciales que tengamos que llevar adelante. Es una situación gravosa, son ingresos públicos y una magnitud muy grande de recursos.”

Cómo se cometían las irregularidades

Según explicó Rodríguez, los subsidios se otorgan a través de declaraciones juradas y manifestaciones patrimoniales que presentan los propios usuarios. En muchos de los casos detectados, los beneficiarios habrían falsificado u ocultado información para acceder al beneficio, incurriendo en fraude.

“La mayoría de los ingresos se dieron por declaraciones apócrifas”, sostuvo la presidenta de la EPE. En la revisión —que lleva al menos 18 meses— se detectaron casos insólitos: personas fallecidas, propiedades alquiladas, locales comerciales y viviendas ubicadas en barrios de alto poder adquisitivo que accedían a la tarifa subsidiada.

Estas inconsistencias fueron el punto de partida para una auditoría más profunda en los últimos meses. La EPE puso especial foco en este segmento del padrón ante sospechas que ahora se confirmaron.

El impacto del fraude

La tarifa social es un programa diseñado para garantizar el acceso a la energía eléctrica a hogares de bajos ingresos, donde el costo del consumo es parcialmente absorbido por el Estado. El mal uso de estos recursos implica un gasto injustificado para el erario público.

“El objetivo es garantizar eficiencia en la asignación de recursos y justicia distributiva. No puede ser que mientras muchas familias necesitan apoyo del Estado, otros se aprovechen del sistema con declaraciones falsas”, subrayaron desde la empresa estatal.

Desde la EPE aseguran que continuarán los controles y que cada caso será tratado judicialmente. La decisión de avanzar con denuncias penales busca sentar un precedente y evitar futuros abusos en los programas de asistencia subsidiada.