Este jueves por la tarde, la Estación Belgrano de Santa Fe fue escenario de un evento sin precedentes: la cuarta subasta pública de bienes decomisados al delito, organizada por el Gobierno provincial a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD).

Desde las 16 horas, más de 3.900 personas de distintas provincias participaron de esta subasta que incluyó vehículos, motos, inmuebles, celulares y otros objetos obtenidos mediante actividades ilícitas como narcotráfico, estafas y robos.

Con una gran concurrencia y lotes que iban desde celulares por $100.000 hasta inmuebles por casi $100 millones, el evento batió récords: los primeros 101 lotes fueron todos vendidos, y se estimaba que la totalidad de los 159 lotes también sería adjudicada antes del cierre.

Una política pública con impacto real

El gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, estuvo presente en el acto y destacó el carácter único en el país de esta política: “Santa Fe es la única provincia que cuenta con una ley de comiso que permite estas subastas. A los narcos los encerramos, pero también les quitamos todos sus bienes. Esto debe replicarse a nivel nacional”, sostuvo Pullaro.

El mandatario adelantó que impulsará, junto al legislador Pablo Farías, una ley nacional de extinción de dominio, con el objetivo de cortar el poder económico de las organizaciones criminales en todo el país.

Destino del dinero: reparación y políticas sociales

Uno de los ejes centrales de la subasta es el destino del dinero recaudado. Según informaron las autoridades:

Parte de los fondos se utilizan para resarcir a víctimas de delitos, algo que ya se ha realizado en más de 100 casos desde que se inició este programa.

Otra parte se destina a instituciones intermedias con función social en Santa Fe, como escuelas, hogares y centros comunitarios.

Finalmente, el financiamiento del propio operativo de subasta —incluyendo la labor de los colegios de martilleros— se cubre íntegramente con lo recaudado, sin costos para el Estado provincial.

Un modelo para exportar

El gobierno de Santa Fe busca ahora llevar este modelo al Congreso Nacional, promoviendo una legislación que permita replicar estas subastas en todo el país.

“Lo que pasa en Santa Fe debería ser una política federal. No se trata solo de encarcelar delincuentes, sino de desmantelar sus estructuras económicas”, concluyó Pullaro.