La Justicia federal ordenó este martes la ejecución patrimonial de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y el resto de los condenados en la causa Vialidad.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 tomó la decisión luego de que la Cámara Federal de Casación Penal habilitara esta instancia, con el objetivo de cubrir —mediante los bienes embargados— un monto de 685.000 millones de pesos, cifra fijada como resultado de la maniobra acreditada en el expediente.
Según informaron el diario Clarín y la agencia Noticias Argentinas, el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso resolvió avanzar con la ejecución de los patrimonios de los nueve condenados, de manera solidaria, hasta cubrir exactamente 684.990.350.139,86 pesos.
En la resolución, el Tribunal señaló que, a partir del primer conjunto de bienes identificados por el Ministerio Público Fiscal (presentación del 12 de septiembre de 2025), correspondía definir cuáles de los activos incluidos resultaban ejecutables en el marco de la pena.

De acuerdo a la información publicada en base al expediente, serán 20 las propiedades que perderá la familia Kirchner: un inmueble registrado a nombre de la expresidenta y otras 19 heredadas en partes iguales por Máximo y Florencia Kirchner. Los jueces destacaron que esta consecuencia deriva de la condena por corrupción que quedó firme en junio tras el fallo de la Corte Suprema.

El tribunal aclaró que la decisión contempla las diferencias entre los distintos supuestos vinculados a la ejecución del decomiso. En el caso de los bienes de los condenados beneficiados por los efectos del delito, se recordó que el decomiso se orienta a impedir que la conducta ilícita genere beneficios y a neutralizar su impacto patrimonial.

Asimismo, se consideró que otros bienes pueden ser decomisados en función del rol reparador frente al daño social causado y en cumplimiento de la política pública de recuperación de activos vinculados a hechos de corrupción, conforme a los compromisos asumidos por el Estado argentino en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, entre otros instrumentos.

En cuanto a los bienes identificados que están en poder de personas no condenadas —como los hijos de la expresidenta— el TOF 2 precisó que el decomiso solo alcanzará a las personas jurídicas beneficiadas por el producto o provecho del delito y a terceros que los hayan recibido a título gratuito.