La instalación de un radar de control de velocidad en la ruta nacional 168 reavivó un fuerte contrapunto entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), autoridad jurisdiccional en esa traza, y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), responsable de los controles en Santa Fe. La tensión escaló cuando el lunes 17 de noviembre el titular de Vialidad Nacional, Gastón Bruno, envió una nota intimando a la provincia a retirar el cinemómetro. El documento otorgaba un plazo de cinco días para cumplir, con la advertencia de que, caso contrario, sería retirado por la propia DNV.

Aunque desde Nación no difundieron un comunicado oficial, fuentes del organismo remarcaron que el conflicto se originó porque la provincia “no tramitó la autorización para la instalación de los elementos de soporte y provisión de energía” en zona de camino, paso que consideran obligatorio.

La respuesta santafesina llegó rápido y en tono firme. A través de la Fiscalía de Estado, se rechazó el pedido y se advirtió que habrá denuncia penal en caso de que Vialidad concrete el retiro.

Cruce político y acusaciones
“Es un acto que llamó poderosamente la atención”, afirmó el secretario de la APSV, Carlos Torres, quien dijo haber estado esperando una instancia de diálogo. El funcionario recordó que la polémica comenzó con publicaciones en redes sociales de una abogada de Santo Tomé que instaba a no pagar actas de infracción bajo el argumento de que la provincia no tenía competencia para controlar rutas nacionales.

“Después de eso, Vialidad Nacional nos manda una nota intimándonos a que saquemos el cinemómetro y que nos daban 5 días y si no lo iban a hacer ellos”, confirmó Torres, quien calificó la actitud del organismo nacional como “caprichosa, antijurídica e inconstitucional”.

“No lo vamos a sacar y vamos a hacer la denuncia penal si lo retiran. Y lo vamos a volver a colocar”, sentenció.

El funcionario también mantuvo reuniones con ONG de familiares de víctimas viales de Rosario —y estaba previsto un encuentro en Santa Fe— quienes manifestaron preocupación por la postura nacional y respaldo a la continuidad del radar.

La postura de Vialidad Nacional
Desde la DNV evitaron declaraciones públicas, pero fuentes cercanas deslizaron su malestar. Reiteraron que la provincia “no tramitó la autorización” correspondiente y aclararon un punto clave:
“Vialidad Nacional no tiene poder de control de velocidad ni aplica multas”.

Sin embargo, insistieron en que la instalación de dispositivos físicos en zona de camino requiere aval del organismo, trámite que aseguran no se realizó.

Torres precisó que el cinemómetro está ubicado en el km 5,8 de la RN 168 y que se trata de un radar fijo instalado por la APSV “porque tenemos facultad legal para hacerlo”. Coincidiendo con la aclaración de Nación, aseguró que no se requiere autorización nacional para medir velocidad, ya que se trata de un “amplio control de policía” que la provincia no ha delegado.

El funcionario también justificó su instalación por el alto nivel de siniestralidad en la traza: “Hemos tenido choques muy graves, como un camión que se cayó al arroyo, la muerte de motociclistas y siniestros por alcance. Además es una zona de boliches y está la ciudad universitaria”.

Como ejemplo del impacto preventivo, sostuvo que en agosto, cuando se colocó el dispositivo, el 49% de los vehículos circulaba con exceso de velocidad, mientras que en noviembre ese porcentaje cayó al 19%. “Bajó 30 puntos sólo por la prevención”, destacó.