El Gobierno de la provincia de Santa Fe logró destrabar una parte clave del financiamiento nacional destinado a la ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (ASSA) en la ciudad capital. El avance se consolidó tras una reunión clave en Buenos Aires entre el secretario de Aguas y Saneamiento santafesino, Leonel Marmiroli, y funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación.

El encuentro concluyó con la transferencia efectiva de cerca de 600 millones de pesos, correspondientes a una deuda total de 1.000 millones que Nación arrastraba desde noviembre por certificados de obra impagos.

Reincorporación de trabajadores y ritmo lento

La llegada de estos fondos trajo un alivio inmediato para el sector laboral. Marmiroli confirmó que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo del proyecto decidió reincorporar a los 25 trabajadores que habían sido suspendidos debido al freno financiero.

Sin embargo, el funcionario advirtió que la reactivación se dará bajo el "ritmo lento" que ya traían los trabajos. Detalló que el proyecto apenas presenta un 20% de avance general y que, para marchar de acuerdo a los plazos ideales, se requeriría una escala mucho mayor. "Es una obra que necesita entrar en ritmo, necesita cerca de 200 operarios activos y muchos más frentes de obra", apuntarón desde el área técnica.

Incertidumbre por los plazos finales

A pesar de este paso positivo, el futuro de los plazos legales de entrega —fijados originalmente para julio del año próximo— sigue rodeado de dudas debido a los constantes baches económicos que la obra sufre desde su inicio en 2022.

"Este ya es prácticamente el tercer reinicio de los trabajos con este gobierno nacional; no hemos logrado que paguen más de dos certificados seguidos", lamentó el secretario de Aguas.

Para terminar de normalizar el flujo de caja, resta cancelar un saldo de 400 millones de pesos, cifra que los funcionarios nacionales se comprometieron a regularizar a inicios del próximo mes de junio. Cabe destacar que la planta de Santa Fe es una de las tres únicas obras de saneamiento de la provincia que aún sostienen el financiamiento de la administración central, junto con los proyectos de Rafaela y Granadero Baigorria.