A más de dos décadas de una de las páginas más dolorosas en la historia de la capital provincial, la Justicia dictó el cierre definitivo de la causa judicial por la trágica inundación de la ciudad de Santa Fe ocurrida en abril de 2003. El proceso, que se extendió por más de 20 años, concluyó con condenas firmes a exfuncionarios públicos y el sobreseimiento de los últimos imputados que seguían bajo la lupa de los tribunales.

El desborde del río Salado, potenciado por intensas precipitaciones, devastó los sectores oeste y sur de la ciudad, anegando gran parte del tejido urbano, afectando de manera directa a más de 130.000 personas y provocando la muerte de 23 vecinos.

Responsabilidades estatales y condenas a exfuncionarios

La catástrofe dejó al desnudo graves fallas de planificación, negligencia y falta de previsión por parte de las autoridades políticas y técnicas de la época. En el año 2008, la Cámara de Apelaciones en lo Penal ratificó las penas —incluyendo una condena de tres años de prisión— para el exdirector de Obras Hidráulicas, Eduardo Beracchia, y otros implicados por omitir la ejecución de las obras de contención y el mantenimiento de los desagües pese a tener los fondos disponibles.

Dichas sentencias fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que estableció que la desidia estatal conllevaba consecuencias de carácter penal. Finalmente, el expediente quedó totalmente cerrado cuando la Justicia dictó el sobreseimiento definitivo de los últimos imputados que quedaban en la causa, entre los que se encontraba el exintendente municipal Marcelo Álvarez.

El dolor de las víctimas y la memoria a 23 años

Para las familias afectadas y los vecinos de los barrios más golpeados, como San Lorenzo, el cierre de los tribunales representa una etapa que no borra las marcas del pasado. "Perdimos todo, y aunque haya condenados, el dolor sigue", reflexionaba una de las sobrevivientes.

A más de dos décadas de aquella tragedia, la memoria colectiva de la ciudad recuerda el fatídico 2003 como un punto de inflexión ineludible sobre la ética en la función pública, la urgencia de priorizar la obra hidráulica estructural y la importancia de la prevención ante catástrofes climáticas.

A más de dos décadas de una de las páginas más dolorosas en la historia de la capital provincial, la Justicia dictó el cierre definitivo de la causa judicial por la trágica inundación de la ciudad de Santa Fe ocurrida en abril de 2003. El proceso, que se extendió por más de 20 años, concluyó con condenas firmes a exfuncionarios públicos y el sobreseimiento de los últimos imputados que seguían bajo la lupa de los tribunales.

El desborde del río Salado, potenciado por intensas precipitaciones, devastó los sectores oeste y sur de la ciudad, anegando gran parte del tejido urbano, afectando de manera directa a más de 130.000 personas y provocando la muerte de 23 vecinos.

Responsabilidades estatales y condenas a exfuncionarios

La catástrofe dejó al desnudo graves fallas de planificación, negligencia y falta de previsión por parte de las autoridades políticas y técnicas de la época. En el año 2008, la Cámara de Apelaciones en lo Penal ratificó las penas —incluyendo una condena de tres años de prisión— para el exdirector de Obras Hidráulicas, Eduardo Beracchia, y otros implicados por omitir la ejecución de las obras de contención y el mantenimiento de los desagües pese a tener los fondos disponibles.

Dichas sentencias fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que estableció que la desidia estatal conllevaba consecuencias de carácter penal. Finalmente, el expediente quedó totalmente cerrado cuando la Justicia dictó el sobreseimiento definitivo de los últimos imputados que quedaban en la causa, entre los que se encontraba el exintendente municipal Marcelo Álvarez.

El dolor de las víctimas y la memoria a 23 años

Para las familias afectadas y los vecinos de los barrios más golpeados, como San Lorenzo, el cierre de los tribunales representa una etapa que no borra las marcas del pasado. "Perdimos todo, y aunque haya condenados, el dolor sigue", reflexionaba una de las sobrevivientes.

A más de dos décadas de aquella tragedia, la memoria colectiva de la ciudad recuerda el fatídico 2003 como un punto de inflexión ineludible sobre la ética en la función pública, la urgencia de priorizar la obra hidráulica estructural y la importancia de la prevención ante catástrofes climáticas.