El impacto de las políticas económicas de los últimos años golpeó con fuerza la movilidad de los santafesinos. Según un relevamiento difundido por el Observatorio Social del Transporte, las tarifas de los colectivos interurbanos en la provincia registraron incrementos de hasta el 1.436,1% entre diciembre de 2023 y la actualidad.

Para poner en perspectiva el desfasaje, en el mismo período la inflación acumulada se ubicó en el 303,5%, mientras que el promedio de las subas en los boletos alcanzó el 994,2% tras seis autorizaciones de aumento emitidas por el Gobierno provincial. Un claro ejemplo de este impacto se observa en el trayecto entre Villa Gobernador Gálvez y Rosario, donde el pasaje trepó de $300 a $3.200, pasando de demandar un 7% de un salario mínimo a consumir el 35%.

El trasfondo nacional y las críticas a la gestión provincial

Al analizar los motivos de esta disparada, el dirigente político e integrante del Observatorio, Eduardo Toniolli, responsabilizó de forma directa a la administración central. Recordó que a principios de 2024 la Casa Rosada eliminó el Fondo Compensador del Transporte para el interior del país, mientras continuó recaudando el Impuesto a los Combustibles Líquidos sin repartir de manera equitativa los recursos frente al mantenimiento de beneficios en el AMBA.

Asimismo, Toniolli cuestionó la estrategia adoptada por la Provincia ante este escenario de ahogo financiero: "Se priorizó descargar la crisis en el bolsillo de los usuarios y otorgar a las empresas alivios parciales", señaló, al tiempo que advirtió sobre medidas como la extensión de la vida útil de las unidades —que pone en riesgo la seguridad— y la reducción de frecuencias en horarios nocturnos o valles.

Alerta por el futuro del sistema y propuestas en la Legislatura

Desde el espacio advierten que este combo tarifario empuja a los pasajeros a buscar alternativas informales o peligrosas, como el uso masivo de motocicletas y la proliferación de transporte no autorizado, generando un espiral destructivo similar al transitado a principios de siglo.

Como respuesta institucional a esta crisis, se destacó la iniciativa presentada por la diputada provincial Lucila De Ponti para declarar la emergencia integral en el sector. La propuesta exige un mayor protagonismo financiero del Estado provincial a través de la ampliación de su propio fondo compensador y reclama que el Ejecutivo santafesino recurra a la vía judicial para exigir la devolución de los fondos retenidos por la Nación.