Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron este martes una nueva prueba con la que buscan cuestionar uno de los fundamentos de la condena dictada en la causa Vialidad. Durante una conferencia de prensa, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego explicaron que la documentación permite reconstruir cómo fueron distribuidos los fondos de un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad entre 2009 y 2015.

Según explicó Beraldi, la información surgió a partir de la declaración de un técnico de Vialidad que participó como testigo en la causa conocida como Cuadernos. El funcionario presentó una base de datos con el detalle de la distribución de esos recursos, documentación que, de acuerdo con la defensa, no había sido incorporada anteriormente al análisis que realizaron los abogados.

Qué encontró la defensa

A partir de esa información, los abogados elaboraron un informe sobre los fondos destinados a obras públicas durante el período investigado.

Según los datos expuestos por la defensa, entre 2009 y 2015 se distribuyeron más de 2.000 millones de dólares a través del fideicomiso. De ese total, sostuvieron que el Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, recibió el 0,85 por ciento.

Para Beraldi, ese porcentaje permite discutir la hipótesis que, según su interpretación, fue utilizada en la condena: que el decreto 54/2009 había sido dictado con el objetivo de beneficiar específicamente a empresas relacionadas con Báez.

“El Tribunal Oral Federal centra la condena sobre estos fondos y dice que ese decreto había sido emitido de forma irregular y con el exclusivo propósito de proveer fondos a las obras asignadas a Lázaro Báez”, explicó el abogado.

La defensa sostiene que la información sobre la distribución de los recursos contradice esa interpretación.