La diputada provincial Gisel Mahmud presentó un proyecto a través del cual solicita se conforme una mesa de trabajo para el diálogo y la articulación institucional entre representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y la Corte Suprema de Justicia. En la misma deberían participar también representantes de los Colegios Profesionales de la Abogacía. El objetivo es avanzar en la implementación efectiva de la ley de licencias para abogados y abogadas, procuradoras y procuradores, recientemente sancionada por la Legislatura (Ley N° 14.483).
“La ley N° 14.483 fue sancionada el pasado 27 de agosto por la Legislatura provincial y significa un enorme avance en la garantía de derechos para los profesionales de la abogacía” fundamentó la legisladora. La ley fue fruto de la demanda sostenida por los Colegios de la Abogacía de toda la provincia que planteaban la necesidad de contar con este régimen. La norma contempla situaciones de enfermedad, maternidad, paternidad, adopción y circunstancias familiares extraordinarias. “Es una norma que protege al profesional y a quienes representa, otorgando previsibilidad, seguridad jurídica y transparencia al proceso judicial”.
En este sentido, la reglamentación y puesta en marcha de la ley plantea desafíos que requieren ser abordados de manera integral, en la medida en que implica un cambio relevante para el sistema de justicia. “La conformación de una mesa de trabajo interinstitucional se presenta como una herramienta idónea para sistematizar experiencias, identificar buenas prácticas y detectar dificultades en la implementación del sistema” explicó la diputada socialista.
Esta instancia permitirá precisar los roles de los distintos actores del sistema y construir consensos técnicos y políticos que son indispensables para consolidar un modelo procesal más eficiente y acorde a las demandas actuales de acceso a la justicia.
Gisel Mahmud sintetizó que “se trata de generar un espacio de diálogo técnico e institucional que permita fortalecer el funcionamiento del sistema judicial” promoviendo reglas consensuadas “que aseguren previsibilidad y calidad en la prestación del servicio de justicia” cerró.