Sobre el particular el Diputado Provincial Walter Agosto explicó que el organismo elaboraba un informe detallado y mensual sobre la situación y evolución del sistema previsional, con series históricas desde 2003, pero que en la actualidad ha sido reemplazado por otro que carece de la información necesaria.

El pedido abarca tres puntos. El primero refiere al déficit mensual de la Caja de Jubilaciones para 2024, 2025 y enero-agosto 2026, conjuntamente con los ingresos y gastos previsionales y el peso de ese déficit sobre el gasto total del Presupuesto Provincia. El segundo es la relación entre aportantes activos y beneficiarios pasivos, conocida como tasa de sostenimiento, uno de los principales indicadores de la sustentabilidad de un régimen de reparto. El tercero, es la cantidad de resoluciones firmadas por año, los expedientes en trámite y el tiempo promedio que demora la Caja en resolver una solicitud.

Agosto resaltó que el período en el que falta información coincide con la vigencia de la emergencia previsional declarada por la Ley N.º 14.283, sancionada el 12 de septiembre de 2024 por el término de dos años y prorrogable por uno más. Esa norma estableció aportes solidarios a cargo de los jubilados y de parte del personal en actividad, y modificó la escala de aportes, el cálculo y la movilidad de los haberes y los requisitos de edad y servicios para acceder al beneficio. “Contar con esa información actualizada permitiría evaluar los resultados de las medidas adoptadas y la situación del sistema ante el vencimiento del plazo de dos años”, advirtió.

Agosto sostuvo que se trata de información indispensable para que la Legislatura y la ciudadanía puedan ejercer el control de la gestión, en un marco de transparencia y publicidad de los actos de gobierno, y destacó que los datos previsionales son además un insumo necesario para que la Comisión Técnica de Control y Seguimiento de la Emergencia Previsional pueda funcionar.

Con relación al segundo proyecto, los diputados justicialistas piden conocer cuántas viviendas de programas nacionales como Casa Propia y PROCREAR se encuentran en ejecución en la provincia, con el detalle del programa, la ubicación, la cantidad de unidades y el grado de avance de cada obra. También solicitan que se informe si la Provincia ha llevado a cabo acciones para finalizarlas y entregarlas a sus beneficiarios, y las medidas de seguridad dispuestas para su custodia.

Agosto señaló que estos planes, distribuidos en toda la provincia, pero concentrados fundamentalmente en las ciudades de Santa Fe y Rosario, quedaron en ejecución al finalizar la gestión nacional anterior y que el actual Gobierno Nacional los abandonó, como a muchas otras obras públicas en territorio santafesino.

En ese sentido, recordó que el Gobierno Provincial convino con Nación el traspaso por veinte años de la Autovía AO12, sin que a la fecha se conozcan las particularidades de ese convenio, y planteó que una acción similar debería haberse llevado adelante con las viviendas en ejecución. Por eso, el proyecto pide que se informe si existen convenios por los que se hayan transferido a la Provincia planes de viviendas nacionales.

“La finalización de los programas nacionales y la posterior entrega de las viviendas a sus destinatarios debe ser una política de Estado. No sólo es una acción que moviliza la economía provincial, sino un hecho de justicia social que hace a la solución habitacional, tan necesaria en nuestra provincia, sobre todo en sectores sociales que hoy se encuentran cada vez más desprotegidos”, expresaron los Diputados Justicialistas.