Casi un semestre después de los anuncios, tras negociaciones intensas con las provincias, críticas de la oposición al Gobierno y más de 50 jueces que manifestaron su oposición a las medidas, los aumentos en las tarifas de luz y de gas están casi en el mismo lugar del que partieron.

El rechazo de la Justicia a las subas obligó a reanudar la implementación de los viejos cuadros tarifarios, que estuvieron vigentes con escasas modificaciones en los 12 años del kirchnerismo.

De esa manera, las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur y las gasíferas de todo el país, como Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi, deberían comenzar a facturar los servicios con tarifas anteriores a los incrementos.

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Esa decisión, sin embargo, será parte de una estrategia que busca todo lo contrario. Mientras avanza lentamente con la puesta en marcha de los viejos cuadros tarifarios, el Gobierno espera que distintos pasos procesales y administrativos demoren su aplicación y le permitan ganar tiempo hasta que se expida la Corte Suprema, que tendrá la última palabra sobre las tarifas.

El fallo de la Corte Suprema, espera el Gobierno, podría ocurrir la semana próxima.

En el caso eléctrico, el fallo que anteayer difundió la jueza Martina Forns obliga al Gobierno a dar marcha atrás con las subas. Pero la administración de Mauricio Macri no tiene jurisdicción en las concesiones provinciales de distribución, como las que tienen EPE en Santa Fe o EPEC en Córdoba, que son potestad de los entes de cada distrito (ver página 18). De manera que el Gobierno sólo puede retrotraer una parte del aumento, específicamente la relacionada con la producción, el transporte y la distribución de energía en el área metropolitana.