El decreto 1.293 que se publica este viernes en el Boletín Oficial extiende por tres años la emergencia social en los términos de la ley 27.200 sancionada en octubre de 2015, con el objeto de "promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en la economía popular, en todo el territorio nacional".

En su enunciado, la ley busca "garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional" a los trabajadores de la economía popular.

La norma promulgada con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, establece la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc), en la órbita de la cartera social, como "ámbito institucional permanente" para determinar los lineamientos a seguir en el cumplimiento de los objetivos de la ley.

Además, la ley crea el Registro Nacional de la Economía Popular para posibilitar "la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro" y determina que "los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del Cepssc, promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario".

Para cumplir con estos objetivos, la norma faculta a la jefatura de gabinete a efectuar "las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias" para proveer fondos hasta 25.000 millones de pesos para su implementación, con la posibilidad de ampliar a 5.000 millones más dichas reasignaciones.