Otra estadística desnuda el drama de los femicidios en el país. Unos 1859 chicos quedaron huérfanos en el país en los últimos nueve años, 401 de ellos en 2016, por crímenes derivados de la violencia de género. La cifra fue revelada por la Casa del Encuentro, quien difundió esta semana un nuevo informe sobre el tema.

La presentación fue en el marco de una conferencia en el Congreso, donde se insistió con la sanción de dos leyes que apuntan a proteger a los menores que quedaron huérfanos por femicidios, identificados en los nueve años de estadísticas de la ONG.

Las estadísticas, que abarcan los asesinatos de mujeres cometidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, revelaron que desde el 2008 y hasta 2016, se relevaron 2.384 femicidios y crímenes vinculados de mujeres y niñas, 243 femicidios vinculados de hombres y niños, y 2.919 hijas e hijos que quedaron sin madre, de los cuales 1.859 son menores.

Específicamente, en 2016 quedaron sin madre 401 personas, de las cuales 242 son menores de 18 años. "Estamos llevando nuestro trabajo al Senado nacional porque es urgente que se apruebe el proyecto de ley para otorgar una reparación económica estatal a los menores de edad huérfanos a causa de femicidios, y que avance el proyecto de ley de pérdida automática de la responsabilidad parental para el femicida condenado", destacó Ada Rico, presidenta de la organización social.

La presidenta de la organización social que realiza informes de femicidios desde 2008 en Argentina detalló que en 2016 fueron víctimas dos niñas menores de un año, nueve de entre dos y 12 años, y 27 de entre 13 y 18. Pero las mujeres de entre 19 y 50 años siguen siendo las que encabezan el trágico listado, aunque también se identificaron 13 adultas mayores. Dos de las fallecidas eran mujeres indígenas y nueve eran mujeres trans.

Las estadísticas que aporta desde hace casi una década la ONG buscan sustentar sus pedidos de protección “a las víctimas, sus familias y sus hijas e hijos", resaltó la titular de La Casa del Encuentro.

Entre los reclamos está el cumplimiento del Plan Nacional contra la violencia de género con el presupuesto asignado por el Congreso, la elaboración de estadísticas oficiales, la sanción de una ley para que no ejerzan cargos públicos los violentos, el patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, la creación de un fuero judicial especializado, un subsidio económico estatal para las sobrevivientes de maltratos, entre otros reclamos.