En esa agencia paralela aportaban información, siempre según la declaración de Stiuso, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que dirigía Ricardo Echegaray, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que manejaba José Sbatella.

A esa estructura dijo, finalmente se incorporó y virtualmente terminó comandándola el ex jefe del Ejército Milani, detenido por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

Stiuso se exhibió en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 ante la prensa previo a declarar durante tres horas frente al juez federal Claudio Bonadio, en una causa donde se investiga la supuesta existencia de un “aparato” de inteligencia montado en el kirchnersimo para espiar a enemigos políticos y opositores, revelada por la publicación El Informador Público.

Acompañado por su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, Stiuso declaró como “testigo” en la causa y, sonriente, permitió que se le tomaran fotografías y hasta una filmación casera de una periodista de Radio Nacional.

“Dijo que había una estructura que cometía actos de espionaje ilegal”, reveló una fuente con acceso a la declaración, que no estuvo protegida por el secreto de la Ley de Inteligencia.

Stiuso recordó que en 2006 investigó la existencia de una supuesta organización que se dedicaba a espiar correos electrónicos y comunicaciones privadas por fuera del esquema judicial y que la información obtenida le era entregada “al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y al ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Saín”, dijeron las fuentes del caso.

Con la llegada de Milani a la jefatura del Ejército, insistió Stiuso, esa estructura se perfeccionó y terminó poco menos que institucionalizándose.

La declaración de Stiuso fue presenciada por el juez, por su abogado y por el fiscal Carlos Stornelli.

Con un cambio de ’look’ que lo hacía casi irreconocible (delgado, anteojos negros, cabello corto, y afeitada al ras) el ex director operativo de la SIDE concurrió al juzgado de Bonadio, que había cerrado este expediente pero debió abrirlo por orden de la Cámara Federal.

El propio juez admitió que “la causa no tiene mucho andamiento probatorio” y confió que la denuncia fue hecha por “el dueño o responsable del portal El Informador Público”, Carlos Tórtora, a quien la Cámara Federal “no le dio el estatus de periodista” y obligó a revelar la fuente.

“La fuente es un general retirado que cuando vino a declarar dijo: ’De lo único que voy a hablar son de cosas publicadas’ (en la prensa)”, añadió el juez en declaraciones a radio Mitre.

En la causa se denunció a ex autoridades del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor General del Ejército, por haber diseñado a partir de 2008 un sistema (bajo el nombre “Proyecto de Ciberdefensa‘) destinado a realizar actividades de inteligencia interna prohibidas por la ley, en perjuicio de políticos y periodistas.

Fueron imputados Milani y los ex ministros de Defensa Agustín Rossi, Nilda Garré y Arturo Puricelli, entre otros.

Según la denuncia inicial, para “dar marco a tales maniobras, fueron indebidamente aumentadas partidas presupuestarias, se designó personal irregularmente y se adquirieron materiales tácticos y electrónicos”.

La Cámara Federal pidió la citación de testigos, entre otros, el propio Stiuso, “quien conforme invocó expresamente la fiscalía general, se refirió públicamente a eventos vinculados”.