Desde hace dos años se viene trabajando en este proyecto de apoyo a aquellas empresas que, ante la quiebra, deciden mantenerse en manos de sus trabajadores. Según el legislador, la idea es otorgarle herramientas concretas al ejecutivo provincial para ayudar a los cooperativistas a mantener sus fuentes de trabajo.

En Santa Fe existen en total 35 empresas de este tipo, y son 1200 las familias que se ven beneficiadas directamente gracias a ellas. Se trata puntualmente de entidades que sufrieron alguna quiebra fraudulenta, o abandono de los patrones, y los trabajadores decidieron no bajar los brazos.

Dentro de este marco, hay una gran cantidad de problemas con los que los trabajadores deben convivir. Dificultades económicas, de gestión, y legales, son las más comunes, y las que esta ley pretende subsanar.

Hay experiencias muy buenas, de cooperativas que pudieron salir adelante y hoy en día compiten con cualquier empresa privada. Pero también existen aquellas que tienen una realidad mucho más compleja, contó Blanco.

Antes de esta ley todo aquel que quería dar una mano corría detrás del problema, intentando explicar la situación a los jueces, por ejemplo. Ahora será al revés: cuando exista la voluntad de mantener una empresa en proceso de quiebra, todo deberá girar en torno a los intereses de los trabajadores.