La muerte del nene de dos años que cayó en un pozo en la localidad malagueña de Totalán, en España, es calificada como "homicidio imprudente", afirmó este martes el director general de la Guardia Civil, Félix Azón. 

"Todos estamos pensando que no puede ser otra cosa, presuntamente", dijo Azón en conferencia de prensa al ser preguntado sobre si la investigación apunta concretamente a un homicidio imprudente.

El responsable de la Guardia Civil, no obstante, remarcó que "corresponde a la autoridad judicial", en este caso el juzgado número 9 de Málaga, "tomar las decisiones" pertinentes en cuanto a la calificación de los hechos una vez que finalice la investigación. 

Las pesquisas se centran en el dueño de la finca en la que se halla el pozo en el que cayó el niño el 13 de enero último, mientras jugaba en cercanías de su padre. 

El propietario del terreno es el novio de la prima del padre del pequeño de dos años, cuyo complejo rescate mantuvo en vilo a España durante trece días. 

Según un informe policial, el pocero responsable de la perforación efectuada para buscar agua declaró que él dejó el pozo bien sellado con piedras. 

Por lo tanto, la Guardia Civil sospecha que el dueño de la finca podría haber destapado el pozo con una excavadora que trabajaba en la realización de obras en el terreno, que se estaban haciendo sin permiso. 

Azón explicó que la investigación policial está "casi terminada" y que faltan sólo "algunos flecos" antes de trasladarla a la autoridad judicial.

El cadáver de Julen fue rescatado el sábado a la madrugada cuando se logró acceder al lugar del pozo en el que había quedado atrapado, a más de 70 metros de profundidad. 

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, presenta dos fracturas en al cabeza compatibles con la caída libre de 71 metros que sufrió al precipitarse. Además, presenta diversos politraumatismos. 

La tesis de los investigadores es que cuando el niño cayó al pozo sus extremidades arrastraron tierra y roca de las paredes arenosas, de ahí que quedó sepultado entre dos masas de tierra a 71 metros de profundidad. 

La perforación había alcanzado inicialmente los 110 metros, pero el tramo final luego quedó obstruido. 

Días atrás, el gobierno de Andalucía confirmó que el propietario del terreno carecía de cualquier tipo de permiso o autorización para realizar la perforación. 
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