El gobernador elevó a la Legislatura un proyecto para modificar dos artículos del Código Procesal Penal atinentes a la prisión preventiva con la finalidad de que toda persona que sea detenida por la fuerza pública portando un arma de fuego sin la autorización legal correspondiente quede tras las rejas y no obtenga beneficios que morigeren tal situación. En ese sentido, el mensaje Nº 4.962 que lleva las firmas de Omar Perotti y su ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, sostiene que la restricción de la libertad de las personas armadas se justifica preventivamente en atención a la situación de “alarma o peligro social” que se vive en la provincia, específicamente en Rosario, donde las balaceras y atentados contra edificios públicos o privados como también a comercios de distintos rubros están a la orden del día.

Según el texto de la iniciativa del Poder Ejecutivo, a través de la modificación propuesta “se pretende modificar la dimensión procesal de la prisión preventiva _donde la provincia tiene competencia en virtud del reparto federal de atribuciones que realiza la Constitución Nacional_ procurando que aquellos delitos que se realicen con la utilización de armas de fuego sean susceptibles de prisión preventiva, independientemente de la cuantificación en abstracto que se pueda hacer de la pena que corresponda al caso en el momento de dictarse sentencia definitiva”.