La Legislatura de la provincia de Santa Fe aprobó la Ley de Abordaje Integral del Ilícito Rural, una herramienta clave para fortalecer la seguridad en las áreas rurales y brindar protección a los productores frente a delitos como abigeato, ruptura de silobolsas, faena ilegal, incendios intencionales, trillas clandestinas y robo de maquinaria agrícola. Esta normativa tiene como objetivo central la prevención y la intervención conjunta del delito rural, en un esfuerzo que involucra a varias agencias del estado provincial, las asociaciones rurales y el poder judicial. 

“Es una ley que tiene su origen en una política pública impulsada por Miguel Lifschitz en 2018, diseñada para dar respuesta a una demanda de las asociaciones rurales. Este proceso se consolidó durante los siguientes gobiernos, siempre en diálogo con el sector, que es quien aporta conocimiento y experiencia en el tema. A partir de ahora, la provincia cuenta con un marco legal que garantiza la continuidad de esta política, que va a poder implementarse más allá de los vaivenes propios de los recambios constitucionales”, indicó Mariano Cuvertino, diputado de Unidos para Cambiar Santa Fe y autor de una de las iniciativas que se votó.

Cuvertino destacó también el alto consenso que tuvo la iniciativa. “La ley es fruto del diálogo y de la cercanía con los principales actores rurales y viene de un gran trabajo con todas las instituciones del sector, el poder ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL)”, agregó.

El proyecto votado en la anteúltima sesión ordinaria del año, se originó en el senado, bajo la autoría de Rubén Pirola, al que se adjuntó la iniciativa de Mariano Cuvertino en diputados, que recupera a su vez el trabajo realizado por el actual intendente de Sunchales Pablo Pinotti durante su mandato como diputado.

Nuevos delitos, órganos de gestión y consultivos

La ley establece la creación del Consejo Provincial para el Abordaje Integral del Ilícito Rural, que funcionará como un espacio de trabajo interinstitucional bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad. Este Consejo articulará con representantes de municipalidades, comunas, fuerzas de seguridad y asociaciones rurales para diseñar políticas públicas, coordinar acciones preventivas, y brindar capacitaciones orientadas a la lucha contra el delito en las zonas rurales.  

También crea el Sistema de Información Georreferenciado del Ilícito Rural, que permitirá recopilar y analizar datos clave para la intervención de las fuerzas de seguridad, el diseño de políticas públicas y la investigación judicial.  

La ley comprende delitos tipificados en el Código Penal Nacional y del Código de Convivencia de la provincia de Santa Fe que se hayan producido en el ámbito rural. A su vez, contempla la formación de funcionarios, fuerzas de seguridad y magistrados, buscando poder abordar el delito con conocimiento específico y herramientas técnicas y el trabajo articulado con el MPA. 

“En Santa Fe la vida y la propiedad de los productores es una prioridad", destacó Cuvertino. "En un momento como el que vivimos, donde el Estado Nacional se corre de sus responsabilidades, recorta funciones y recursos, nosotros reforzamos la política de seguridad rural y damos respuesta a una demanda que tiene el sector, que es uno de los principales generadores de trabajo y de riqueza de nuestra provincia”, concluyó.