El próximo 5 de diciembre, un equipo técnico de la Municipalidad podrá ingresar a la “casa Tons”, de La Rioja y San Martín, para evaluar cómo llevará a cabo la demolición del inmueble. Esta es una nueva —y la última— instancia del cruce judicial que comenzó en 2012 entre los propietarios de la casa y el municipio que desde el 2011 busca demolerla, aduciendo el riesgo de derrumbe. En ese momento, se trataba sólo del primer piso, por lo que se desalojaron los locales comerciales de la planta baja y se procedió a vallar la propiedad para evitar accidentes. Así está desde entonces. 

Mientras tanto, la puja entre las partes se dio en los tribunales santafesinos y la familia titular del inmueble logró frenar la destrucción. Pero en agosto de este año, la Cámara Contencioso Administrativo N° 1 de Santa Fe autorizó a la elaboración del proyecto para demoler la propiedad por administración y el jueves 17 de noviembre, le puso fecha al primer paso (Expediente N° 196/12). 

“Hay un problema entre los dueños del inmueble. Los de la planta alta quieren demoler y los de la planta baja, no. Eso hizo que, en el tiempo que transcurrió desde que la judicialización de la situación, no intervengan la propiedad para mejorarla. A partir de la medida cautelar (en 2012) por la que lograron evitar la demolición, debían realizar obras de apuntalamiento y estabilizarla, pero no lo hicieron. Entonces la Municipalidad se presentó en el Tribunal y expusimos que, como no estaban haciendo nada, requerimos nuevamente poder demoler y la cámara accedió”, detalló el Fiscal Municipal, Federico Sedlacek. 

Si bien los propietarios volvieron a cuestionar la última medida, el juzgado no dio lugar a dichos planteos y el proceso, avanza hacia la demolición.

La inacción que causó el deterioro

Desde que comenzó el conflicto, los propietarios solicitaron la intervención de la Comisión de Defensa de Patrimonio Cultural y pidieron informes particulares al Centro de Investigación y Desarrollo para La Construcción y La Vivienda (Cecovi), de La Universidad Tecnológica Nacional. 

En 15 días, los dueños deberán abrir el inmueble para permitir que el equipo técnico ingrese a evaluar como proceder a la demolición.

Posteriormente, el municipio deberá resolver si realiza el trabajo por administración o se contrata una empresa a tal fin. Eso no será hasta el año que viene, según estimaciones de Sedlacek. 

El Litoral