En voto dividido, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia dispusieron el arresto de De Vido por el peligro que su permanencia en libertad significa para la investigación, que se encuentra en un estado "incipiente". Ambos coincidieron en que "a la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal". 

En la causa se investiga una presunta malversación de fondos públicos destinados a la modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que habrían causado un perjuicio a las arcas estatales del orden de los 265 millones de pesos.