La Justicia Penal de Rosario prohibió cualquier modificación de la composición accionaria de la Vicentin Saic y sus firmas vinculadas. También solicitó que se levante el secreto bancario, bursátil y fiscal sobre todo el grupo. La medida había sido reclamada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Miguel Moreno, quien investiga por estafa a los dueños de la agroexportadora, y apunta a evitar maniobras de vaciamiento de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores tras cesar pagos por u$s 1.400 millones.

La prohibición de innovar sobre la composición de la masa accionaria de la empresa que tomó el juez Nicolás Foppiani incluye a las firmas en las que Vicentin Saic tiene participación y a las sociedades que tienen a miembros de su cúpula como representantes legales. Al extenderla a todo el conglomerado, la Justicia Penal rosarina va un paso más allá que los tribunales federales porteños, donde se investigan los cuantiosos créditos otorgados por la anterior administración del Banco Nación a la agroexportadora.

“El juez federal Julián Ercolini había impedido algo similar propuesto por el fiscal Gerardo Pollicita”, subrayó el abogado Gustavo Feldman, quien como representante de uno de los acreedores de Vicentin presentó la denuncia penal por estafa que se sustancia en los tribunales locales. La medida, explicó, busca impedir que “se siga produciendo la fuga y el vaciamiento”.

De hecho, los antecedentes que cita el propios fiscal de la causa en el pedido al juez son la venta de Friar, la disposición de acciones de Renova y los movimientos de bienes realizados por integrantes del directorio para “reducir” su patrimonio.

Feldman resaltó la decisión de la Justicia local, porque “está emulando lo que se ha hecho en New York y en Asunción, que es intentar desbaratar esta arquitectura financiera que permitió la toma de deuda, diagramó el default bajo la falacia del estrés financiero y ahora pretende terminar de vaciar Vicentin”. Al mismo tiempo, insistió con la necesidad de prohibir la salida del país de los directivos de la firma. Y, de paso, volvió a criticar al juez que lleva adelante el concurso preventivo de acreedores, Fabián Lorenzni. Advirtió que si ese proceso termina en quiebra, “se abrirá otra investigación penal por insolvencia fraudulenta”.

Tras la denuncia presentada por el abogado, Moreno aceptó en julio abrir una investigación penal sobre los directivos de Vicentin. Es en ese marco que pidió al juez la prohibición de movimientos que afecten el paquete accionario. En su solicitud se hizo eco de la información periodística sobre la venta de acciones de Vicentin en Friar y la venta del 16,67 por ciento del capital accionario de Renova a Glencore. También se apoyó en los informes presentados por las actuales autoridades del Banco Nación y la Unidad de Información Financiera (UFI) sobre “el desprendimiento de activos valiosos y sospechosos movimientos de dinero hacia el exterior”.

La medida incluye a las empresas Bos Co, Algodonera Avellaneda, Playa Puerto, Renova, Biogas Avellaneda, Río del Norte, Diferol, Friar, Oleaginosa San Lorenzo,Juviar, Buyanor, Emulgrain, Si Cotton,Terminal Puerto Rosario, La Porfia, Vicentin Desarrollos, Logística Río Arriba, Los Amores, Pedro Vicentin, Los Amores de Vista Flores, Servicios Fluviales y El Renuevo. También se ordenó levantar el secreto bancario, bursátil y fiscal de estas empresas y las siguientes: Bioceres, Enav, Sottano, La Isabelina, Los Colombo, Sudeste textiles, Doña Rosa, Negu, Goldenuno, Industrias Colsa, Los Nenecos y Mercosol.

En la presentación que dio lugar a la medida, el fiscal recordó las denuncias de La Clementina y Cuatro Hojas, empresas a las que Vicentin compró y recibió granos hasta pocas horas antes de declararse en cesación de pagos. También la que realizó la firma Olzen contra la agroexportadora por “licuación del patrimonio empresarial, desvío de fondos hacia cuentas del exterior y la disminución de los patrimonios particulares de las personas físicas asociadas”.

Señaló que la investigación se enfocó en la actividad desarrollada por parte de los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, quienes “habrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma”. Y, citando el informe que el director del Banco Nación Claudio Lozano presentó a la Justicia federal, subrayó que esa imposibilidad de pago se dio en una firma que “entre 2015 y 2018 no hizo más que expandir su facturación”. Por eso, busca determinar si hubo una “crisis autogenerada, a los efectos de no abonar las sumas adeudadas”.