"La cantidad de niñas, niños y adolescentes en el sistema de protección se ha incrementado", la frase antecede el análisis de los datos sobre la situación de la infancia y la adolescencia en la provincia, un trabajo que forma parte del tercer informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de Santa Fe elaborado por la Defensoría de Niñez con el apoyo de Unicef. El trabajo se presentará este martes, a las 10, en la Isla de los Inventos.

La afirmación advierte sobre una realidad dramática que cada tanto se cuela en la agenda de los medios de comunicación. La semana pasada, sin ir más lejos, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia hizo público que en los últimos 20 días once bebés, cinco de ellos en Rosario, debieron ser separados de los adultos que los cuidaban para preservar su integridad física.

El incremento de estas medidas excepcionales movilizó una convocatoria de emergencia a familias solidarias que albergaran a estos pequeños, ya que las que estaban inscriptas resultaron insuficientes.

Según pasan los años

El tercer informe del Observatorio de Derechos de la Niñez y la Adolescencia compara los datos oficiales hasta el 2019, antes de la pandemia de Covid y del cambio de gestión en el Ejecutivo provincial. Desde la Defensoría destacan la falta de información oficial actualizada y accesible y cómo esto impacta "en la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes en toda la provincia".

De acuerdo a los datos del Observatorio, mientras que en 2013 había un total de 467 niñas, niños y adolescentes en las modalidades de acogimiento alternativo institucional y familiar, en 2019 esa cantidad había ascendido a 1,351. Casi tres veces más. Un aumento importante, aún considerando que la Defensoría no pudo acceder al dato oficial que refleje el estado actual de la cantidad de menores en el sistema de protección.

Según señala el informe del Observatorio, la modalidad predominante de acogimiento alternativo es la de dispositivos institucionales. En este sentido, a la par que se incrementaron las medidas de protección, separando a las niñas, niñas y adolescentes de sus hogares, crecieron las instituciones para alojarlos.

En el relevamiento realizado por la Defensoría en los años 2016 y 2017 se contabilizaron 41 centros residenciales, en el relevamiento de 2020 se identificaron 90 espacios de acogimiento.

Y si bien la normativa internacional y nacional vigente indica que ante la toma de estas medidas se debe priorizarse el acogimiento familiar antes que institucional, se relevó que en julio de 2019 había 926 niñas, niños y adolescentes en espacios institucionales y 425 en acogimiento familiar.

"El Programa de acogimiento familiar no es valorado en la agenda gubernamental como la modalidad de acogimiento alternativo prioritaria", señala en el informe del Observatorio y advierte que sobre los largos plazos en que los menores permanecen institucionalizados.

"Si bien no se cuenta con números a nivel provincial, un alto porcentaje de niñas y niños devienen adolescentes en el sistema de protección excepcional, ingresando al programa de autonomía progresiva cuando tienen medidas de protección excepcional con resoluciones definitivas, ya sea porque se han agotado las instancias de revinculación con las familias de origen y no quieren ser adoptados, o por situaciones de procesos adoptivos “fallidos”", destaca el informe.

Por último, la Defensoría puso de relieve que entre 2020 y 2021 las problemáticas estructurales que impactan más fuerte a las infancias y juventudes de los sectores sociales menos favorecidos se profundizaron producto de la pandemia de Covid