A poco más de cinco meses de la implementación de la nueva Ley de Seguridad Privada, el Gobierno de Santa Fe registró una disminución del 30% en las llamadas al sistema de emergencias 911 derivadas de alarmas fallidas o activaciones sin incidentes reales. La reducción equivale a 15.659 comunicaciones menos respecto del mismo período del año anterior y representa una mejora significativa en la utilización de los recursos operativos de las fuerzas de seguridad.

Según datos oficiales, hasta fines de mayo de 2025 se habían contabilizado 48.610 llamados vinculados a alarmas privadas, mientras que en igual período de 2026 la cifra descendió a 32.951. La disminución de estas intervenciones permitió fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias reales y reducir la demanda innecesaria sobre patrulleros y operadores del sistema 911.

El subsecretario de Emergencias 911 de la Provincia de Santa Fe, Pablo Polito, destacó que la normativa impulsada por el Gobierno santafesino tuvo un impacto directo en la operatividad policial. “Esta ley ha sido una herramienta fundamental que nos permitió optimizar los recursos policiales en la calle, reduciendo un 30% las llamadas por falsas alarmas o alarmas no deseadas”, señaló.

El funcionario explicó además que la medida contribuyó a mejorar los tiempos de respuesta. “A esta altura del año pasado teníamos un tiempo de respuesta de 7 minutos y 15 segundos. Hoy, en junio de 2026, el tiempo promedio es de 6 minutos y 15 segundos. Haber reducido un minuto la respuesta es sumamente importante porque nos permite llegar más rápido a las urgencias y emergencias”, afirmó.

La subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz, valoró el trabajo coordinado desarrollado con las empresas prestatarias del servicio y remarcó que la nueva regulación permitió establecer procedimientos más eficientes para la validación de alertas antes de su derivación al sistema de emergencias.

La Ley de Seguridad Privada fue aprobada por la Legislatura santafesina en noviembre de 2025 y reemplazó una regulación vigente desde 1991 que había quedado desactualizada frente al crecimiento y la transformación del sector. Entre sus principales objetivos, la norma busca ordenar el funcionamiento de las empresas de seguridad privada, combatir la informalidad y establecer reglas claras para la prestación de servicios de monitoreo y vigilancia.

Uno de sus ejes centrales fue la reducción de las falsas alarmas que saturaban el sistema 911. Antes de la sanción de la ley, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad estimaban que las alarmas privadas representaban cerca del 30% de las intervenciones policiales y que, en la mayoría de los casos, los móviles enviados no encontraban ninguna novedad al llegar al lugar.

Para revertir esa situación, la normativa incorporó nuevos protocolos de actuación para las empresas de monitoreo, exigiendo mecanismos de verificación previos a la derivación de alertas al sistema de emergencias. La medida permitió disminuir activaciones innecesarias, optimizar el patrullaje preventivo y mejorar la articulación entre la seguridad pública y la privada.

Los primeros resultados confirman el impacto positivo de la norma, tanto en la reducción de llamados improcedentes como en la mejora de los tiempos de respuesta ante situaciones que requieren una intervención efectiva de las fuerzas de seguridad.