Fabiana Graciela Pierini y José Luis Estévez (h), Defensores Públicos del Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de Santa Fe de la ciudad de Reconquista, fueron señalados por "connivencia personal y funcional” con el imputado Manuel Díaz, sus familiares y personal policial. Los defensores serán acusados de los siguientes delitos: usurpación de autoridad, amenazas coactivas varias y prevaricato; todos ellos en calidad de autor. Además, Estévez y Pierini serán imputados por el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva, en calidad de partícipes secundarios.

El fiscal Aldo Gerosa polemizó en Ida y Vuelta tras declarar: "Estas dos personas han sido apartados de la atención de este caso, pero no del Servicio Público de la Defensa”.

Rápidamente, el defensor Gabriel Ganón salió al aire y confirmó lo dicho por Gerosa: “No están interviniendo en el Caso Díaz pero no están apartados del Servicio Público de la Defensa porque ni bien tomamos conocimiento por parte de los medios iniciamos un sumario administrativo para tratar de establecer la responsabilidad que podrían haber tenido los defensores públicos en este caso. Sin embargo, no recibimos ningún petitorio ni informe del Ministerio Público de la Acusación”.

“Cuando tenga todas las copias del sumario penal que se lleva en contra de estos defensores, los regionales a cargo pueden eventualmente pedir la suspensión. El que tiene que pedir la suspensión preventiva de los Defensores en el ejercicio de su función es el instructor de la defensa que ha sido designado, y luego de valorar las pruebas puede pedir esta medida o no. Yo no puedo tomar una medida de este tipo. Si el acusador solicita esa medida, yo podría disponerla”, sostuvo Ganón.

Además, aclaró sobre su accionar tras poner en función a Manuel Díaz tras la primer denuncia de abuso: “Para una suspensión preventiva, la ley establece como plazo 90 días. Si dentro de esos 90 días no cambia el estado procesal, y de hecho no había cambiado porque el fiscal no se había dispuesto la elevación a juicio del expediente, la Ley Orgánica de Tribunales me obligaba a reponerlo a Díaz a sus funciones. No es algo que yo hice porque quise”.

Y finalizó de manera contundente: “Díaz fue liberado a los 70 días por el juez porque el fiscal no presentó el requerimiento de elevación a juicio y Diaz, al día 71 ni bien fue liberado, estaba pidiendo ser reincorporado a sus tareas y seguir cobrando el sueldo, y sin embargo continuó suspendido hasta que finalizó la suspensión. Pasaron 20 días más y el fiscal siguió sin efectuar el requerimiento de elevación a juicio. El fiscal Benegas durmió la siesta porque no formuló la acusación”. 

La maniobra

El miércoles 16 de septiembre, Manuel Díaz estaba detenido en la alcaidía de Vera mientras avanzaba el proceso judicial en el que se lo acusaba de violar a su hija de 15 años. En ese contexto, la víctima y denunciante fue engañada y llevada por su abuela, su tía y su hermana mayor hasta la celda en la que se alojaba su padre, que intentó manipularla psicológicamente para que cambie su declaración judicial y acuse a su madre por otros delitos.

Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación consideran que Estévez y Pierini tenían conciencia de esa maniobra, basándose en las declaraciones de la víctima, policías, presos y escuchas telefónicas donde queda en claro que los dos defensores conocían el plan de Díaz para evadir a la Justicia y facilitaron su ejecución.

Cabe señalar que ese día la víctima llegó minutos antes de las 8 a la alcaidía, donde la pusieron cara a cara con el violador, y a las 7.50 el juez interviniente recibió un llamado de los defensores públicos de Díaz, avisándole que la menor estaba declarando nuevamente.