Tras cinco meses de investigación este domingo por la madrugada se realizaron 20 allanamientos que dieron como resultado el desbaratamiento de organizaciones que operaban distribuyendo y vendiendo drogas en San Cristóbal, Ceres y Rafaela. 

Al respecto, el jefe de la DGPCA, director de Policía José Moyano, explicó que “la investigación comenzó a principios de mayo con una denuncia en la Brigada Operativa Departamental XIII. En forma simultánea comienza en la subdelegación de Ceres otra investigación y surge una conexión entre las mismas que continúa por impulso del fiscal. Luego solicitamos intervenciones telefónicas y se constata que existe una conexión entre Ceres y San Cristóbal; y a los pocos días surge otra vinculación con Rafaela”. 

Los allanamientos fueron nueve en la ciudad de San Cristóbal, cinco en Ceres, cuatro en Rafaela y dos en la cárcel de Coronda. En Ceres se detectó lo que se conoce como línea de provisión y en Rafaela la línea de distribución, siendo el epicentro y el punto nodal San Cristóbal. 

Respecto al motivo por el cual fue allanada una celda de la cárcel de Coronda, Moyano dijo que “la conexión es porque teníamos en la investigación a dos mujeres involucradas cuyos esposos están detenidos en esa unidad carcelaria desde noviembre pasado cuando personal de drogas de Rafaela los arrestó”. 

Como resultado de la acción policial, fueron detenidas 18 personas mayores de edad, entre las cuales hay una persona con libertad condicional y otras tres con antecedentes por violar la ley de estupefacientes. 

También fueron secuestrados unos dos kilos de marihuana (distribuidas en trozos compactos y dosis listas para su consumo), unos gramos de cocaína y ocho armas de fuego de diversos calibres, motos y autos, entre otros elementos de interés. 

Coordinados por la jefatura de policía a cargo del Director General José Luis Amaya, colaboró con personal de la DGPCA, la Compañía Tropa de Operaciones Especiales, Grupos de Apoyo Táctico de la Policía de Santa Fe, Policía de Acción Táctica, Guardia Rural Los Pumas, PDI y Agencia de Investigación sobre Trata de Personas. 

Intervienen el juez federal Dr. Miguel Abasolo y el fiscal federal Dr. Federico Grimm.